La espada de Damocles sigue afilada. La destrucción del sistema democrático de México aún no concluye. De las reformas para concentrar el poder, acabar con los contrapesos y asfixiar al pluralismo político que anunció López Obrador el 5 de febrero de 2024, hay una que aún no se concreta: la reforma electoral para eliminar la representación proporcional en el Congreso, si bien la presidenta Sheinbaum hizo suya la propuesta tal como reiteró el día de su toma de posesión. Será en los próximos meses de 2025, quizá una vez que se haya elegido a los jueces, cuando el gobierno decida dar la última vuelta a la tuerca para terminar de armar la maquinaria legal que le asegure la consolidación autoritaria.
Estamos advertidos: el gobierno va por un cambio a la Constitución para exterminar las doscientas diputaciones de representación proporcional y preservar, sólo, los trescientos legisladores de mayoría relativa electos en ese número de distritos. Es decir, una vuelta al modelo sin plurinominales que se había superado hace más de sesenta años. En el Senado van por la desaparición de la primera minoría en cada una de las 32 entidades y de la lista nacional de 32 legisladores que se asignan con el criterio de proporcionalidad directa, de tal suerte que en vez de 128 quedarán 64 integrantes de la Cámara Alta, donde la fuerza más votada en cada entidad federativa se llevará las dos senadurías.
Abolir la representación proporcional tendrá como consecuencia directa una severa distorsión del reflejo del pluralismo de la sociedad en el Poder Legislativo, castigando a las minorías y extrapolando la presencia parlamentaria de los partidos del gobierno. Piénsese, más allá de la grotesca sobrerrepresentación que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concedieron a la coalición oficialista en la Cámara de Diputados en 2024 —al llevar un 54.7 % de los votos a favor de la coalición gubernamental a una representación de casi tres cuartas partes de los diputados (73 %)—, lo que habría ocurrido en la última elección federal de no haber existido los diputados plurinominales: apenas superando la mayoría simple de votos entre los tres partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, éstos se habrían hecho con casi nueve de cada diez diputados (85.3 %). Una sobrerrepresentación de más de 30 puntos. A la vez, las oposiciones, que recibieron nueve de cada veinte votos, el 45 %, tendrían una pírrica presencia en la Cámara con 15 % de los diputados.
La distorsión también habría sido mayúscula en el Senado. Mientras que con las reglas constitucionales vigentes el oficialismo, al recibir el 57 % de los votos, se hizo con 83 senadores equivalentes al 65 % del total, de desaparecer la primera minoría en cada estado y la lista nacional, el gobierno y sus aliados habrían ocupado 60 de los 64 escaños, es decir, el 94 %. Sería un retorno a 1988 cuando la regla de integración del Senado era la que ahora añora el gobierno de Morena; en ese entonces, el PRI recibió el 49 % de los votos, pero como fue el más votado en treinta entidades federativas —sólo perdió en el Distrito Federal y Michoacán— se hizo con 60 de 64 senadores.
Como se ve, la determinación para anular la representación proporcional no es sino la fórmula ideada para asegurar una supramayoría parlamentaria ajena al mandato plural de las urnas. Carlos Pereyra insistía en que la democracia siempre ha de ser política, formal, plural y representativa. La operación para acabar con la representación proporcional va contra esos cuatro elementos esenciales: busca impedir la representación formal del pluralismo político real de la sociedad mexicana.
Es una reforma de inspiración autoritaria que va contra uno de los pilares que hicieron posible la democratización de México: la pluralidad en el Congreso para, así, conseguir la independencia del Legislativo y servir como contrapeso al Ejecutivo. Con mayorías parlamentarias artificiales en el Legislativo la división de poderes vuelve a ser papel mojado, como ocurrió durante la larga época del autoritarismo mexicano del siglo XX.
Si el peligro de retroceso es evidente e inminente, llama la atención la pasividad e incluso el grado de franca irresponsabilidad con que los partidos de oposición aguardan la embestida final al marco democrático. El deterioro de los sistemas políticos suele explicarse por la conducta de quienes gobiernan, pero también por el papel que desempeñan las oposiciones. Una vez más, como ha ocurrido desde fines de 2018, el gobierno despliega su agenda de afectación al ecosistema democrático y la oposición parlamentaria por omisión pone su parte.
Los tres partidos de oposición que sobreviven con presencia legislativa ni siquiera parecen caer en cuenta de que los afectados directos de suprimir la representación proporcional, además de los ciudadanos que no voten por el gobierno, serán ellos mismos y sus grupos parlamentarios que podrían llegar al grado de prácticamente desaparecer. De concretarse la idea del gobierno, con una votación similar a la de 2024, el PAN en vez de contar con veintidós senadores, tendría cuatro; el PRI en lugar de dieciséis senadores no tendría ninguno, y Movimiento Ciudadano (MC) iría de cuatro senadores a quedarse sin presencia alguna. En la Cámara de Diputados, el PAN pasaría de 72 curules (14.4 %) a 32 (10.7 % de las trescientas de mayoría relativa); el PRI iría de 35 legisladores (7 %) a sólo nueve (3 %), y MC de 27 (5.4 % actual) a nada más un diputado (0.3 %), pues apenas ganó uno de los trescientos distritos.
A pesar de la desidia opositora formal, lo cierto es que en México no faltan ideas y propuestas para mejorar lo que es el fallo más importante del sistema electoral, el que permite la sobrerrepresentación, y para fortalecer la democracia y el pluralismo en vez de extinguirlos. Si bien el gobierno tiene los votos en el Congreso para sacar adelante las más disparatadas y regresivas reformas, como se vio en el último cuatrimestre de 2024, no dar la batalla en el terreno propositivo y discursivo linda con la complicidad.
Como la iniciativa de reforma electoral de López Obrador no se dictaminó en la legislatura pasada, si algún grupo parlamentario no alineado con el gobierno, o varios de ellos, presentara antes que el oficialismo una iniciativa de reforma para permitir una mejor traducción de votos en asientos legislativos, esa propuesta deberá discutirse y dictaminarse antes que la de la presidenta. Al menos habría debate, discusión, y la opinión pública podría conocer cómo es viable evitar una regresión democrática de la que será muy difícil salir si las minorías se quedan sin voz y voto en el Congreso de prosperar la apuesta de Morena.
A contracorriente de la indiferencia con la que esperan los partidos opositores la iniciativa del gobierno, en las líneas siguientes esbozo una propuesta de reforma electoral minimalista, puntual, en sentido contrario a la pretensión oficial, para revertir la sobrerrepresentación parlamentaria y, en cambio, dar lugar a que la diversidad política de la sociedad mexicana quede expresada de forma nítida en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Para la Cámara de Diputados la propuesta es muy sencilla, contempla preservar los quinientos asientos actuales, con los trescientos de mayoría relativa y doscientos de representación proporcional, pero: a) eliminando la cláusula del artículo 54, base V de la Constitución que permite una diferencia de hasta 8 puntos entre porcentaje de votos y curules, y b) precisando en la ley de partidos que los triunfos de mayoría relativa obtenidos por las coaliciones se cuenten para el partido de la coalición que más votos haya obtenido en el distrito correspondiente. Nada más.
Con lo anterior, los doscientos plurinominales se asignarán con el propósito de procurar el mayor equilibrio entre porcentaje de sufragios por partido y porcentaje de diputados de cada fuerza política. A la vez, se eliminaría el trasvase de triunfos de mayoría relativa entre partidos aliados que ha servido para hacer fraude a la ley, pues el partido más votado de una coalición suele “ceder”, a través del convenio de coalición, triunfos a sus aliados minoritarios para, luego, beneficiarse de más plurinominales.
La propuesta, al ser minimalista y no alterar ni el tamaño de la Cámara ni su integración mixta, con trescientas diputaciones de mayoría relativa y doscientas de representación proporcional, no implica que pueda darse una total correspondencia entre porcentaje de votos y legisladores —lo que sólo se garantiza en sistemas de proporcionalidad pura—, aunque la sobrerrepresentación y la subrepresentación se reducirían de manera notable.
El efecto práctico de la propuesta puede verse en la tabla 1, a partir de la votación real en 2024. La proporción de diputados oficialistas (61.4 %), se aproximaría de forma muy cercana a la que los tres partidos del gobierno obtuvieron en las urnas (56.9 %, sin contar votos nulos y por candidatos no registrados) y no se incurriría en la aberrante sobrerrepresentación de casi 16 % de 2024. Asimismo, las opciones opositoras, que cosecharon el 43.1 % de la votación tendrían un porcentaje de diputados equivalentes al 38.6 %. La sobre y subrepresentación a favor del gobierno y en contra de las oposiciones sería menor a los cinco puntos, de tal manera que el voto ciudadano depositado en las urnas tendría una traducción fiel en la composición de la Cámara. Sí, en 2024 el gobierno obtuvo la mayoría simple de los votos populares, pero no la mayoría calificada; eso se reflejaría de forma diáfana en las curules y todo cambio constitucional debería ser fruto, como ocurre en democracia, de un amplio consenso político y no de una imposición unilateral.
Para el Senado la propuesta también es puntual y mínima: se respeta el total de senadores, 128, y se recupera el espíritu del pacto federal de dar plena igualdad a la representación de cada entidad eliminando la lista nacional. Pero ahora cada entidad federativa tendría cuatro senadores electos por el principio de proporcionalidad directa y resto mayor.
De la propuesta se desprende que por cada 25 % de la votación que logre en una entidad, o un porcentaje muy cercano, un partido podría hacerse con un senador. Aquellas entidades donde hay más competencia y pluralismo podrían ser representadas por tres o hasta cuatro partidos distintos en la Cámara Alta y no por sólo uno como busca la iniciativa del gobierno. La decisión estaría en manos de la ciudadanía de cada estado.
La fórmula aquí propuesta habría generado un escenario muy distinto en 2024 al que prevalece. De permitir la expresión de la pluralidad real de cada entidad federativa, los partidos del gobierno habrían tenido 77 senadores, el 60 % del total, acorde con el 57 % del voto ciudadano recibido en las urnas. Las oposiciones tendrían el 40 % de la Cámara Alta, en concordancia con el 43 % del voto que se les confirió en las elecciones de junio pasado (tabla 2). En ese escenario, de nuevo las reformas constitucionales tendrían que ser resultado de un amplio acuerdo político entre fuerzas antagonistas en las urnas, como ocurrió desde los años noventa del siglo pasado y hasta antes de la actual legislatura, y no producto de un rodillo parlamentario a partir de una mayoría calificada que las urnas lejos estuvieron de conferirle a la coalición gobernante.
Lo que llamo propuesta minimalista no es nuevo. La izquierda democrática defendió en los años noventa que en el Congreso se expresara de manera fiel el peso que cada fuerza política obtuviese de la ciudadanía en las urnas. Esa opción va en dirección opuesta a la pretensión de construir mayorías calificadas pétreas y artificiales.
Mientras el gobierno se prepara para avanzar hacia una reforma electoral que le permite consolidar su modelo autoritario, y la oposición vive en una suerte de pragmática resignación sin programa, es preciso no dejar de defender la democracia, el pluralismo y la división de poderes.
Ciro Murayama
Economista, profesor de la UNAM. Fue consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2023. Autor de la novela Infamia (Planeta, 2023).
