La pregunta que surge de la decisión de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, de acusar a tres instituciones financieras mexicanas de ser sospechosas de lavar dinero del crimen organizado es muy sencilla. Por lo menos en términos políticos. No se trata de si Intercam, CI Banco y Vector lavan o no dinero, o si los norteamericanos presentaron o presentarán pruebas al respecto.
Conviene recordar que a los estadunidenses no les gusta entregarles pruebas a los mexicanos porque no confían en ellos, y piensan que en ocasiones las pruebas pueden filtrarse al propio crimen organizado. Además, en este tipo de asuntos, cuando ya se trata de Foreing Terrorist Organizations, la carga de la prueba recae más bien en los acusados. Son ellos quienes deben probar en Estados Unidos –no necesariamente en México– que no participan en este tipo de actividades, de lavado de dinero o financiamiento de comercio de precursores de fentanilo. La pregunta es, en el caso específico de Vector, si Washington sabía con claridad con quién se metía y cuáles son las implicaciones correspondientes.
Desde hace años Vector es la casa de bolsa de Alfonso Romo. Se trata de un empresario mexicano audaz, que se ha adentrado en negocios legítimos de todo tipo desde hace tiempo, y en algunos casos de gran valía para el país. También se trata de un empresario que –me consta– se ha acercado a la política desde el 2000, y llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Sus relaciones dentro y fuera de México son extensas, variadas, y en muchos casos muy poderosas. Antes de ocupar el cargo que tuvo en 2018, fue uno de los empresarios más distinguidos del país. Pero a partir de entonces ha sido un colaborador estrecho, de gran confianza, de López Obrador.
Hay aquí pocas alternativas. La primera es que quienes tomaron la decisión de poner a Vector en la lista de instituciones indiciadas lo hicieron sin saber quién ha sido Alfonso Romo, o se convencieron de que si bien su casa de bolsa en efecto participó en estas actividades ilícitas, él no tenía ningún conocimiento al respecto. Las dos opciones parecen remotas. Aunque ya ha sucedido que funcionarios norteamericanos del primer gobierno de Trump, y tal vez este mismo, no respetan los procedimientos cuando acusan a una personalidad de relieve en otro país –el caso Cienfuegos– uno podría suponer que no repetirían el mismo error. Eso supone que se consulte con distintos sectores, y en particular con la embajada de Estados Unidos en el país pertinente, para evitar desaguisados como el de Cienfuegos.
La segunda posibilidad es que el asunto sí se vio a alto nivel en Estados Unidos, y a pesar de la cercanía de Alfonso Romo con López Obrador decidieron proceder como procedieron, y acusar a Vector de lo que lo acusaron, con plena conciencia de las connotaciones políticas de este acto dentro de México. En ese caso, los norteamericanos estarían adentrándose en terreno muy pantanoso. Aunque muchos sectores en México no desearían nada menos que Washington se llevara a López Obrador a alguna cárcel en Colorado, o en todo caso en Brooklyn, por narcopresidente, siempre he creído que eso está muy lejos de suceder. Primero, porque quién sabe si sea cierto, pero sobre todo porque no parece haber motivos para que Trump proceda así. López Obrador siempre le cayó bien; le cumplió en todo lo que le prometió; y obviamente también López Obrador hizo lo posible por ayudarle en su reelección. No tendría Trump por qué estar molesto o enojado con él. Pero el golpe a Romo es demoledor y por asociación lo es también para López Obrador.
La última posibilidad es que este sea apenas un primer paso en una escalada. Llevaría a más acusaciones de este tipo contra otros empresarios, funcionarios, gobernadores, diputados, senadores cercanos al sexenio anterior, sin que haya la famosa lista, entre cuyos integrantes nunca figuró, hasta donde yo tuve conocimiento, Alfonso Romo. En cualquiera de los casos, el panorama es desconcertante.
Si Estados Unidos no sabe lo que está haciendo, mal, porque efectivamente generan gran nerviosismo en México. Si Estados Unidos sabe lo que está haciendo y lo hace a propósito, mal, porque ya se trataría de un golpe, tal vez sin mayores ramificaciones, contra López Obrador. Y si esto es parte de una campaña en plena escalada, peor tantito, porque entonces no sabemos lo que nos espera.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Las dos izquierdas y Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia.
