Durante la campaña electoral, Claudia Sheinbaum habló del cuidado desde dos enfoques. Destacó que los cuidados recaen sobre todo en las mujeres y señaló que requieren mayor atención del Estado no sólo por justicia, sino también por su impacto en el desarrollo económico y social de todo el país. Reconoció que la desigualdad histórica entre hombres y mujeres implica la necesidad de un cambio cultural.
Sus propuestas concretas fueron expandir la infraestructura de servicios y mejorar la capacitación laboral para las personas cuidadoras.
El 26 de junio de 2024, durante un encuentro de mujeres en el Claustro de Sor Juana, Sheinbaum anunció la creación del Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de redistribuir de manera equitativa las responsabilidades de cuidado, tradicionalmente asumidas por las mujeres, y promover su autonomía y desarrollo pleno. Se crearán centros públicos de cuidados y habrá educación inicial para la primera infancia, sobre todo para apoyar a jornaleras agrícolas y mujeres de la maquila; se incrementarán de manera paulatina las licencias de maternidad y paternidad, y se establecerá una mayor corresponsabilidad entre hogares, sociedad y Estado.
El 15 de enero de 2025, Sheinbaum anunció la creación de los doce primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esos centros permiten que las mujeres trabajadoras, especialmente de la industria maquiladora, dejen a sus hijos en un entorno seguro durante su jornada laboral. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encargará de la construir y operar los primeros cinco centros, mientras que otros cinco estarán en empresas o complejos industriales, y los dos restantes serán gestionados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El 7 de octubre de 2024, Sheinbaum anunció el programa Salud Casa por Casa. Este programa es relevante porque personal de salud hará visitas médicas periódicas a los hogares de las personas beneficiarias. Como los traslados para las citas médicas son costosos y complejos, puede haber un impacto potencial en el tiempo que invierten las mujeres para llevar a quienes reciben cuidados.
Finalmente, cabe destacar la pensión para mujeres entre 60 y 64 años. La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo de 3000 pesos bimestrales, cuya entrega será escalonada: en 2025 se otorgará a las mujeres de 63 y 64 años y las edades restantes lo recibirán en 2026. El compromiso es que en los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana todas las mujeres, a partir de los 60 años, recibirán esa transferencia desde 2025. Tal medida es relevante para el reconocimiento y la retribución de los cuidados: toma en cuenta que las mujeres mayores tienen menos autonomía financiera que los hombres, ya que el trabajo de cuidados hecho a lo largo de su vida no fue remunerado.
La política nacional de cuidados podría transformar el país: cambiaría el destino de todas las personas que integran el hogar, tanto de cuidadoras como de cuidadas. Tendría impactos económicos positivos porque facilitaría la integración de las mujeres al mercado de trabajo, crearía mejores condiciones para prevenir la violencia doméstica (como se ha probado en ciertos estudios, si los hombres participan de los cuidados es más improbable que sean violentos en el hogar), fortalecería el tejido social y abonaría a acortar las brechas históricas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Sin embargo, esos cambios no se pueden dar sólo como consecuencia de nuevos servicios y programas. Una verdadera política nacional de cuidados exige que en el centro de su diseño y ejecución se precise claramente lo que se entenderá por cuidados (no todo y no cualquier cosa es cuidados); además de contar con la participación de las personas a quienes se dirige y de las personas (en su mayoría mujeres) que cuidan. El escritorio será mal consejero en un país tan complejo y culturalmente diverso como el nuestro.
Para ordenar algunas categorías de acciones que se requieren, propongo que la corresponsabilidad de los actores sea un objetivo; el financiamiento y la participación sean las palancas; y la información y la planeación sean los medios.
El Estado mexicano ha hecho una serie de esfuerzos para tener información de los cuidados. El más reciente y relevante es, sin duda, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del Inegi. Publicada en 2022, esa encuesta permite caracterizar la demanda de cuidados, los impactos que tienen sobre la vida de las mujeres que cuidan y su impacto en la inclusión laboral. Además, indaga cómo percibe la población la corresponsabilidad. La encuesta es pionera aunque también representa una evolución de lo recogido por la Encuesta sobre el Uso del Tiempo en ocasiones anteriores. Esta encuesta se complementa con los datos del censo y de la Encuesta Nacional sobre Discriminación. Sin embargo, la información generada no puede ser sólo una fotografía en el tiempo. Tiene que dar cuenta de la evolución demográfica, con representatividad al menos estatal, para que pueda revisarse. También debe generar información adecuada para los indicadores elegidos que evalúen su efectividad. De las personas cuidadoras, 75.1 % son mujeres y 24.1 % son hombres. En relación con el tiempo que invierten las personas cuidadoras, las mujeres invierten 37.9 horas semanales mientras que los hombres cuidadores invierten 25.6 horas semanales (Inegi, 2023). Esto explica por qué las mujeres mexicanas tienen una baja tasa de inserción laboral y menos acceso a trabajos formales y mejor remunerados. Por esas razones, un indicador central debe ser el tiempo de las mujeres. Si una política de cuidados no sirve para liberar su tiempo, entonces no se podrá decir que la política fue exitosa.
Acerca de la planeación: se requiere partir desde el Plan Nacional de Desarrollo y aterrizar las acciones más concretas en instrumentos que den cuenta de los objetivos y alcances, lo cual requerirá de un trabajo coordinado entre distintas secretarías de Estado. El programa que se cree no puede ser sectorial, pues el tema de cuidados tiene por naturaleza ancla en diversas áreas. Tendrían que intervenir, cuando menos, la Secretaría de las Mujeres, el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social, las Secretarías de Bienestar, Educación, Salud, Trabajo, Economía y Hacienda. Aunque en apariencia salud o educación tienen sus propios ámbitos, lo cierto es que la deficiente cobertura y calidad de esos sistemas que no consideran a las personas cuidadoras agudiza la carga para las mujeres como cuidadoras principales. Un ejemplo concreto fue la pandemia de covid: las clases se suspendieron y en los hogares, sobre todo las mujeres, tuvieron la carga de cuidar y, además, de dar seguimiento al trabajo de la escuela.
La política tiene que distinguir claramente qué les toca a los demás órdenes de gobierno. El transporte, la infraestructura pública, el ordenamiento territorial, la vivienda y el agua deben considerarse como parte de políticas a desarrollar con perspectiva de cuidados. Además, la planeación debe considerar las acciones del Legislativo y las que son propias del Ejecutivo, así como lo que debe coordinarse con las comunidades y las obligaciones de las empresas en la materia. Debe considerarse la evolución de la política de cuidados por los cambios demográficos y la progresividad que implica ampliar de manera paulatina las coberturas y los alcances.
La corresponsabilidad supone identificar qué le toca a cada quien. El Estado es el rector de la política de cuidados y debe asegurarse de que todos los responsables, en especial el mercado en su rol de empleador, participen en los cuidados. El propósito es que las mujeres tengan tiempo disponible y que las personas receptoras de cuidados los reciban de manera adecuada (incluyendo aquí la consideración de diferencias territoriales, culturales y lingüísticas), en suficiencia, calidad y asequibilidad. Una gran tarea pendiente es asignar responsabilidades a los hombres a través de licencias de paternidad ampliadas; acceso a guarderías y otros servicios de cuidados; y otras políticas de responsabilidad compartida. Las empresas tienen un papel importante que jugar porque obtienen ganancias del cuidado gratuito que ofrecen las mujeres. Pueden crear políticas y servicios de cuidados; establecer estrategias de inclusión laboral para que las mujeres no queden fuera por cuidar; y, como dice Claudia Goldin, evitar la penalización por maternidad.1 En la cadena de suministro de las grandes empresas deben superarse las barreras para que haya una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres y que tengan acceso a servicios de cuidados. Es importante mirar la corresponsabilidad desde el trabajo informal. Casi la mitad de la población empleada en el país no tiene contrato ni prestaciones sociales. En esta población están sobrerrepresentadas las mujeres y quienes hablan lenguas indígenas. Los servicios de cuidados deben considerar que estas personas normalmente trabajan y viven en condiciones de precariedad y también requieren servicios y derechos, incluidos el cuidado y el trabajo digno. Habrá que definir quién los otorga y cómo se gestionan. Finalmente, también se tienen que mirar los cuidados desde el ámbito comunitario. En zonas rurales y urbanas hay formas locales de organización del cuidado que requieren reconocimiento y respeto del Estado; son formas de organización de las que el Estado y otros actores pueden y deben aprender. Además, hay que asegurar su sostenibilidad y el buen vivir. La tarea del Estado no es ofrecer un catálogo cerrado de servicios, sino diseñar apoyos y programas que puedan adaptarse a las realidades culturales y sociales del país. Así, las iniciativas comunitarias de cuidados pueden requerir apoyos para la construcción de infraestructura, disposición de servicios o pago a personas cuidadoras, más que instituciones que provean directamente el servicio. Por eso es crucial la información y la participación social.
La política nacional de cuidados necesita financiamiento sostenible. Es verdad que algunos de los gastos pueden reorientarse y ser más eficientes para cubrir las necesidades. Sin embargo, el Estado mexicano necesita ser capaz de recaudar lo suficiente para el financiamiento de una política de cuidados que cubra las necesidades de la población y que tales políticas se sostengan a través del tiempo. Desde el punto de vista del ingreso, hay presupuestos que tendrán que ser federales y otros estatales o municipales. Para que esta política sea viable es necesario incorporar impuestos progresivos (como el impuesto a las grandes herencias o a las grandes fortunas), estrategias para un aumento en el pago de tasas efectivas, sobre todo en grandes contribuyentes, y la mejora de sistemas como el catastro. También pueden desarrollarse mecanismos de financiamiento que sean recaudados y usados localmente. Un ejemplo es el impuesto por ocupación hotelera que es local y permitiría, si se cobrara de manera adecuada, desarrollar apoyos, servicios e infraestructura para las mujeres que trabajan en el sector turístico, muy feminizado y precarizado en sus salarios y condiciones laborales. Por otra parte, el financiamiento inicial puede provenir de la cooperación para el desarrollo, incluso en forma de cancelación de deuda por invertir en cuidados, asegurando que el Estado tome medidas de progresividad fiscal para que estas políticas sean sostenibles.
Finalmente, la participación es indispensable para esta política. Los cuidados y los apoyos son una expresión de la vida de personas, familias y comunidades. Son resultado, también, de condiciones estructurales de discriminación, donde el esencialismo del rol de los sexos juega un papel central. Son a la vez un arreglo privado y un problema público que requiere del Estado. Las personas beneficiadas por las políticas de cuidados —quienes cuidan y quienes reciben los cuidados— deben participar en la elaboración de esa política, expresando sus necesidades, demandas y perspectivas. También deberán participar la sociedad civil organizada, la academia y los sindicatos. La participación será complementaria a la información recabada, pues ayudará a quien tome decisiones a definir qué es más urgente y logrará que se superen prejuicios y estereotipos sobre lo que cada quien supone que necesitan los distintos grupos y que lo propuesto sea acorde a quien se dirige. La participación es indispensable en todas las etapas de la política: tanto en el diseño como en la aplicación y evaluación. En México existe un entramado de organizaciones de cuidadoras, así como de académicas y feministas, dispuestas a colaborar en la política de cuidados. Existen también organizaciones especializadas en diversos grupos de población que pueden asesorar en las mejores prácticas y acciones prioritarias para los distintos temas. Dada la complejidad de los cuidados y lo crítico que es tener un sistema que funcione, los mecanismos de participación y colaboración son centrales para apoyar las acciones gubernamentales. Por eso, deben ser transparentes, diversos y eficientes para hacer política de un modo diferente. De ninguna manera debe verse a estas organizaciones y personas como adversarias; son, al contrario, grandes aliadas en la construcción de la política.
Es indispensable mencionar el papel que juega la comunicación en este tema. Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022, 42.7 % de las personas en México están en desacuerdo con llevar a la población infantil a guarderías o estancias, y muchas consideran que el cuidado infantil temprano es responsabilidad de la madre o del padre. El 63.8 % de las mujeres considera que cuando una madre tiene un trabajo remunerado, los hijos e hijas sufren. Para las personas adultas mayores, el porcentaje de quienes considera que no se debe llevarles a una residencia o casa de día asciende a 48.8 %. Como lo documentamos desde Oxfam México en el estudio Sostener la vida: las redes de cuidados en México: “A la feminidad se le atribuyen rasgos emocionales que parecerían justificar sus labores hacia los otros como una disposición natural. En parte, la feminidad se construye a través de los cuidados. Esto ha sido posible por los imaginarios que existen en torno a esta lógica hegemónica, en la que cuidar a la familia constituye a la feminidad, y ellas ‘son para las y los otros’”.2 El profundo arraigo de la división sexual del trabajo y la asociación de lo femenino con los cuidados ha sido la barrera cultural más importante que enfrenta esta agenda. Aun creando una política integral de cuidados, si no se acompaña de una serie de acciones de transformación cultural, éstas serán revertidas con el tiempo, como ha pasado en otros países.
Ante la crisis global del multilateralismo y la pugna por retornar a los roles y definiciones tradicionales de género como agenda pública de ciertos gobiernos autoritarios, la presidenta Claudia Sheinbaum puede mostrar que la igualdad sigue siendo un faro que orienta a los mejores proyectos políticos.
La creación de la Secretaría de las Mujeres y que los cuidados sean parte de la agenda de este gobierno son señales alentadoras. Además, se cuenta con la colaboración de organismos internacionales como Cepal, ONU Mujeres y la Alianza Global por los Cuidados, con organizaciones sociales como la Red de Cuidados México y la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, con legisladoras y académicas, activistas y políticas que conocen el tema y tienen toda la voluntad de aportar sus capacidades para construirlo. México tiene paridad en las Cámaras, un número inédito de gobernadoras, presidentas municipales y legisladoras locales, así que también tiene el músculo político para ir adelante con una política de esa magnitud.
Sin embargo, preocupa que a la fecha no haya claridad sobre una posible reforma fiscal progresiva, básica para que esta política social sea sostenible. De hecho, un análisis de la organización Ethos señala que diez de los trece programas relevantes para la agenda de cuidados tienen menos presupuesto. El 0.1 % del PIB que tiene ahora la agenda dista mucho del 1.4 % que calculó la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para un sistema de cuidados.
Iniciar con servicios para jornaleras y trabajadoras de la maquila es un acierto. Es pagar una deuda histórica y es justo que empecemos por ellas. Sin embargo, no son una política integral de cuidados sino sólo una pieza de un gran rompecabezas. Los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo, incluidas las mesas de consulta y de coordinación, son esfuerzos relevantes pero aún incipientes de cara a la gran complejidad de la política que se tiene que diseñar.
¿En qué consiste la política nacional de cuidados? ¿Qué vamos a hacer como país para alcanzar sus objetivos? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar y quiénes vamos a contribuir? Falta responder esas preguntas.
27 de enero de 2025
Alexandra Hass
Es directora ejecutiva de Oxfam México. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 2015 a 2019.
Gracias a Mariana Belló, Isabel Mateos y Alejandra Benítez del equipo de cuidados de Oxfam México por sus comentarios y a María Álvarez por su lectura.
1 “La ‘penalización por maternidad’ es la reducción de los ingresos que experimentan las mujeres cuando se convierten en madres, en comparación con las mujeres sin hijos. Es el resultado tanto de la discriminación como de la forma en que los mercados laborales están estructurados para valorar la flexibilidad y la disponibilidad, lo que a menudo conduce a un equilibrio entre trabajo y familia”. (Claudia Goldin, “La brecha salarial de género: el papel de la maternidad”, American Economic Review, 2014).
2 Oxfam México. Sostener la vida: las redes de cuidados en México. Oxfam México, México, 2022, p. 15.
