Desde el 1 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional con una agenda clara para el desarrollo del país: el nearshoring como oportunidad para atraer inversiones y fortalecer polos de industrialización y desarrollo. Ese proyecto se condensa en el Plan México: Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida. También llegó con un mensaje contundente: “Es tiempo de mujeres”; y con un paquete económico con recursos etiquetados para materializar elementos de la reforma constitucional que reconoce como sujetos de derecho a los pueblos indígenas y afromexicano. Aquí se incluye el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas, que tendrá 500 millones de pesos en 2025 para otorgar 12 000 apoyos individuales de hasta 50 000 pesos y mil para colectivos o sociedades de hasta 300 000 pesos.
Por otra parte, la presidenta heredó proyectos a gran escala impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya y el Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).1
Ambos megaproyectos han sido ampliamente cuestionados por sus impactos ambientales y por la falta de consulta a pueblos indígenas y equiparables conforme a los estándares reconocidos en el convenio 169 de la OIT, del cual México es parte desde 1991. Como discutiremos más adelante, las mujeres sufren impactos diferenciados y han sido esenciales en la defensa de sus territorios frente a estos proyectos.
La presidenta Sheinbaum, en la conferencia matutina del 5 de diciembre de 2024, presentó avances del proyecto del CIIT, que incluye la ampliación y modernización de los puertos de Coatzacoalcos (Veracruz) y de Salina Cruz (Oaxaca), y la conclusión del tren interocéanico que conectará ambos puertos, pasando por los llamados Polos de Desarrollo en ambos estados. El área del proyecto atraviesa 79 municipios donde viven diez Pueblos Indígenas: zapoteco, mixe, zoque, huave, chontal, chinanteca, mazateca, mixteca, popoluca, nahua, además de pueblos campesinos y afromexicanos. Si bien el gobierno anterior realizó consultas en 2019, algunas comunidades denunciaron que éstas se realizaron para obtener el consentimiento fast-track y comenzar las obras. Aunque aún existe resistencia al proyecto, éste avanza de forma constante.
Asimismo, el 15 de diciembre de 2024, al celebrarse el primer aniversario del Tren Maya, la presidenta inauguró los tramos 6 y 7, completando así los 1554 km del proyecto ferroviario que cruza cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El Tren Maya también impacta territorios de diversas comunidades indígenas, incluyendo los pueblos maya, tsotsil, tzeltal y chol, muchas de las cuales se han opuesto desde el inicio.
Estos proyectos a gran escala siempre tienen impactos diferenciados para las mujeres, quienes suelen tener vulnerabilidades específicas, más aún si forman parte de los grupos históricamente más excluidos, como los pueblos idígenas en nuestro país.
Si bien hay avances en la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel comunitario, de los casi 15 000 ejidos registrados en México en 2020, sólo el 7.5 % tuvo mujeres en la presidencia, y sólo el 25.9 % de los certificados de propiedad de la tierra estaban en manos de mujeres. Además, por los roles de género tradicionales y muchas veces estereotipados que las relegan al espacio privado y las tareas reproductivas, las mujeres de comunidades rurales y semirrurales suelen quedar al margen de los espacios de participación. Esto significa que si las consultas para esos megaproyectos no tienen perspectiva de género, la voz de las mujeres posiblemente quede invisibilizada.
Asimismo, el desarrollo de proyectos a gran escala afecta de formas muy concretas la vida de las mujeres en esos territorios, sobre todo cuando están asociados no sólo a infraestructura sino también a la explotación de recursos naturales y la industrialización de la zona, en detrimento de otras actividades económicas. Puede haber impactos adversos en el derecho humano a la salud: las personas se enferman por contaminación ambiental o ya no pueden acceder a ciertas plantas para ejercer la medicina tradicional, lo cual puede resultar en enfermedades específicas para las mujeres (de índole reproductiva, por ejemplo) y en una mayor carga de cuidados. Otro efecto que se ha observado es el aumento de la violencia de género en comunidades adonde llega población trabajadora de otros lugares para emplearse en los megaproyectos. Esto puede provocar desde riesgos a la seguridad e integridad de las mujeres hasta explotación sexual.
Cabe preguntarse, también, cuántos de los empleos generados por el Tren Maya y el CIIT han sido para mujeres, de qué tipo de empleos se trata y si perpetúan o no la brecha salarial de género y la precariedad laboral.
Otra de las cuestiones clave en el contexto de ambos megaproyectos es el rol de las mujeres defensoras. En el caso del CIIT y del Tren Maya, la defensa de la tierra, del agua, del territorio ancestral y de los modos de vida tradicionales ha sido una lucha en la que las mujeres juegan un papel protagónico. A pesar de las violencias, las amenazas y la intimidación, las defensoras indígenas de la península de Yucatán, de Veracruz, de Oaxaca han plantado cara a las autoridades gubernamentales, a las empresas y al ejército, dado que ambos proyectos fueron asignados a empresas militares para administrarlos. Este proceso, que es parte de la militarización del país, coloca en mayor riesgo a las mujeres en general, y a las defensoras en particular, en un México que ha sido nombrado como el tercer país más peligroso —junto con Honduras— para la defensa del ambiente y la tierra en 2023.
Entonces, ¿cómo podemos leer lo que ha sucedido con estos dos megaproyectos a la luz de las prioridades del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Es pertinente asociar el CIIT y el Tren Maya con el Plan México como estrategia sexenal para la industrialización y el desarrollo del país. Este plan, presentado el 10 de enero pasado, cuenta con trece metas y con un portafolio estimado de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, de 277 000 millones de dólares estadunidenses. El gobierno ha anunciado que se trata de alrededor de 2000 proyectos de empresas específicas y que cada una de las 32 entidades federativas tiene un plan, proyectos y metas. Siete estados ya cuentan con megaproyectos, pues los atraviesan el CIIT y el Tren Maya.
Los objetivos del Plan México son sobre todo económicos; el décimo tercero y último se concentra en reducir la pobreza y la desigualdad. No está claro de qué modo participa la ciudadanía en la construcción de este plan, en particular los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas, así como los trabajadores y trabajadoras, quienes potencialmente recibirán los mayores beneficios pero también los impactos. El enfoque participativo ha estado puesto en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, con numerosas consultas en toda la República que buscan recoger cuáles son las prioridades sociales, económicas y de desarrollo para la población.
Falta comprender cómo se vincularán ambos planes, de qué forma se contemplará la perspectiva de género y cómo esto dialoga con las prioridades gubernamentales en materia de derechos de los pueblos indígenas, afromexicano y de las mujeres. También es importante entender cómo se considerarán los insumos compartidos en los espacios de participación para definir y poner en marcha los planes para el desarrollo del país, ya que tanto en el caso del CIIT como del Tren Maya una gran parte de las perspectivas comunitarias, incluyendo la de las mujeres en aquellos territorios, no fue tomada en cuenta.
Para materializar que “es tiempo de mujeres”, es fundamental insistir en que las decisiones en temas económicos, de industrialización, de desarrollo y ambientales deben estar interconectadas y se debe tener una participación efectiva de las mujeres en los territorios, incorporando un enfoque de género. Para eso, será clave entender las experiencias de estas mujeres, sus dolores, sus esperanzas y su visión del desarrollo para sus comunidades y sus territorios. Esto sólo puede lograrse con su participación efectiva en la toma de decisiones.
Veo apertura en la presidenta Sheinbaum para escuchar a los pueblos históricamente excluidos. Hay una oportunidad de cambio frente a la devastación generada por el avance de proyectos a gran escala que no han priorizado la vida de las mujeres. El único camino para lograrlo es con diálogos genuinos y construyendo soluciones de la mano con las comunidades. Ojalá el gobierno esté a la altura.£
Fernanda Hopenhaym Cabrera
Socióloga y latinoamericanista. Es experta independiente, miembra del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Además, es codirectora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
1 Para más información sobre estos dos proyectos, las empresas beneficiadas y sus impactos a derechos humanos, consultar: https://poderlatam.org/project/corredor-del-istmo/ y https://trenmaya.poderlatam.org/#/
