“Un día volvió a llegar la guerra. Como estábamos tan lejos y el atraso era nuestro distintivo, todo nos llegaba tarde. La guerra nos llegó en tiempo de paz”.
—Eraclio Zepeda, De la marimba al son.
Chiapas ha ocupado los primeros lugares en rubros que indican su vulnerabilidad social: pobreza, analfabetismo, rezago escolar y escaso acceso a la educación superior. Estos indicadores se han agudizado con la violencia intracomunitaria y la provocada por la delincuencia organizada.
Estas violencias no son recientes, pero se multiplicaron a partir de la pandemia, cuando diversos grupos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a disputarse territorios en las regiones de la Frailesca, Sierra Mariscal y Fronteriza. Esto derivó en la captura de comunidades enteras, el cierre de escuelas, centros de salud, oficinas públicas y la suspensión del servicio de transporte público.
En estas zonas se hicieron cotidianos los secuestros, asesinatos, reclutamientos forzados, cobros de derecho de piso, establecimiento de retenes y control de la población para manifestarse a favor de los cárteles y en contra de la presencia de policías o del Ejército.
El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024) negó el incremento de la violencia en Chiapas, a pesar de las denuncias ciudadanas sobre la coerción que se sufría y que afectaba todos los ámbitos de la vida.
Los docentes padecieron amedrentamientos y asesinatos. La maestra Berni Flor Mejía Velázquez fue secuestrada el 7 de septiembre de 2023 cuando impartía clases en el plantel 216 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en Río Guerrero, municipio de Amatenango de la Frontera. Cinco días después fue hallada muerta. El móvil, según trascendió, fue la negativa de su esposo a pagar extorsión por una unidad de transporte.
En Chicomuselo, otro municipio fronterizo, fue ejecutado el profesor de telesecundaria, José Artemio López Aguilar, quien el 12 de octubre de 2023 convocó una marcha para detener la violencia en la sierra. En su participación como orador principal pidió “amar al prójimo, como un principio esencial en la vida pública”. Diez días después un comando entró a su casa en el barrio Las Salinas, maniató a su familia y lo asesinó delante de ella.
La Sección 40 de la CNTE, que generalmente ha apoyado las acciones gubernamentales, publicó un desplegado donde criticó al entonces gobernador Rutilio Escandón por negar la realidad y afirmar que Chiapas estaba “en santa paz”, a pesar de que la violencia en el estado era palpable por la disputa del “tráfico de personas, minería, mercado negro y narcotráfico, con la aquiescencia de los cuerpos castrenses y políticos de oficio”.
Los alumnos, en esos territorios ocupados y muchos de ellos despoblados, no asistían a las pocas escuelas abiertas debido al desplazamiento forzado de sus familias o al temor de ser detenidos de camino a las aulas. Muchos jóvenes fueron reclutados por la estructura criminal. Martha, de 16 años, fue secuestrada por la delincuencia como represalia porque su padre intentó ser candidato en su pueblo de la sierra. Aunque logró escapar cuatro meses después, cuando sus captores festejaban la Navidad en 2024, no pudo ingresar al bachillerato. El secretario de organización V de la Costa Grande de la Sección VII de la CNTE, Gabriel Díaz Ordóñez, ha calculado que aproximadamente 2800 estudiantes del nivel básico desertaron por los conflictos en la región Sierra Mariscal.
En las elecciones de 2024, la inseguridad es lo que más preocupó a la población chiapaneca, con más del 75 %. El entonces candidato Eduardo Ramírez Aguilar estableció como prioridad restablecer la paz. A cinco meses de haber asumido el cargo, el panorama ha cambiado: se combate al crimen, se detiene a delincuentes, a policías y a presidentes municipales vinculados con grupos delictivos y se han reabierto oficinas públicas y centros escolares.
Chiapas ha padecido de manera persistente la violencia estructural. Con una pobreza que afecta a tres de cada cuatro chiapanecos, resulta difícil asistir regularmente a clases. Incide también la dispersión poblacional: existen más de 20 000 comunidades con menos de mil habitantes, lo que complica el acceso a servicios públicos y educativos. Esto obliga a los niños a caminar largas distancias para encontrar la escuela más cercana.
El cierre de planteles agrava el rezago educativo en Chiapas, rubro en el que ha ocupado de manera sostenida el primer lugar. El ausentismo también es consustancial, atribuido al alto grado de marginación y a las horas dedicadas al trabajo familiar, según indicó en 2018, el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En los municipios donde predominan los conflictos internos actúan diversos grupos armados, como autodefensas o pequeñas células delictivas que se disputan, según el informe más reciente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (marzo de 2025), “el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados; el control de centros arqueológicos, especies endémicas y mercancías robadas; y, en lo general, economías legales e ilegales de todo tipo”.
En las regiones Sierra Mariscal y Fronteriza, la inseguridad ha disminuido, afirma Fortino Vázquez Pérez, quien fue el primer dirigente de extracción indígena de la combativa Sección 7 del SNTE, y docente desde hace 34 años en la Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes de Chapultepec, en el barrio Checuté, de Motozintla.
“El servicio educativo fue irregular desde 2022 hasta 2024, por la presencia del crimen organizado. Este año se ha empezado a regularizar la asistencia a clases, los retenes han desaparecido y hay más presencia de la policía estatal, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, el Ejército y la Guardia Nacional”.
Fortino Vázquez y nueve profesores más fueron retenidos por una semana en la comunidad Tonincanaqué, municipio de Motozintla, cuando regresaban de impartir clases. Aunque no lo dice, su detención, ocurrida del 7 al 14 de noviembre de 2024, tuvo las características de un secuestro y fue ordenada por grupos delictivos. Era cotidiano que los pobladores y educadores sufrieran acoso y cobro de derecho de piso.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asegura que se ha logrado pacificar Chiapas. “¿Cómo le hemos hecho para erradicar la violencia?, se preguntó públicamente. Y respondió: “Hemos aprehendido a más de 2000 criminales, que ahora están enfrentando un proceso desde la cárcel; otros, han huido”.
Aunque la asistencia escolar aún no se ha regularizado por completo, es evidente el esfuerzo de autoridades, familias y personal docente por volver a las aulas, que en los momentos más críticos de enfrentamientos, entre 2022 a 2024, se vieron afectados alrededor de 18 000 estudiantes (el 10 % de la población escolar en Chiapas), estima Fortino Vázquez Pérez.
El mapa de las violencias abarca principalmente dos grandes zonas de Chiapas: los municipios de las regiones Frailesca, Sierra Mariscal y Fronteriza, que se ubican en los límites con Guatemala, y la región de Los Altos. En la primera, predomina la violencia de la delincuencia organizada; en la segunda, las disputas intracomunitarias.
Uno de los casos más dramáticos es Pantelhó, un municipio de 27 000 habitantes, en su mayoría tsotsil, que ha padecido los enfrentamientos entre Los Herrera, grupo asentado en la cabecera municipal, y El Machete, integrado por habitantes de comunidades rurales.
“Los salones han estado cerrados por casi cuatro años”, dice Josefina, una abuela que solía acompañar a su nieta a la escuela. “Desde que llegó el covid, y luego por los pleitos entre los grupos, no ha sido posible tener clases. Algunas veces las escuelas abrían una semana o dos, pero nuevamente suspendían. En 2023 no hubo clases ni un mes completo; tampoco en 2024”.
El concejal presidente de Pantelhó, Juan Gómez Santiz, asegura que a partir de marzo comenzaron a reactivarse las clases y que, a mediados de ese mes, ya funcionaba el 80 % de los planteles.
Los profesores entrevistados, de preescolar, primaria y secundaria, señalan que retornaron a las aulas el 11 de marzo, pero que imparten clases tres días a la semana; los demás días enseñan en línea. Pero las condiciones en esta zona del estado dificultan ese modelo: no sólo faltan internet, computadoras y teléfonos celulares, sino también energía eléctrica.
En estas regiones marcadas por el miedo y la precariedad, pocas veces se percibe a la educación escolar como un proyecto de vida. “La mayoría de los estudiantes se casa pronto y son muy pocos los que prosiguen su formación profesional”, admite el director de la Escuela Secundaria Técnica 71, Édgar Barrientos. La continuidad educativa se diluye entre la necesidad económica, la dispersión territorial y la inseguridad. Sólo el 23 % de los egresados del bachillerato en Chiapas logra ingresar a una universidad, en su mayoría privada, mientras que el promedio nacional es del 42 %. La brecha es aún mayor en las comunidades indígenas o rurales. Y en esta entidad, uno de cada cuatro habitantes es indígena.
Para el secretario de Educación en Chiapas, Róger Mandujano Ayala, reabrir las escuelas es una prioridad. Por eso ha participado en el regreso a los centros educativos con maestros, familias y estudiantes. En la Escuela Primaria Rosario Castellanos, en la cabecera municipal de Pantelhó, señala los orificios en el domo de la plaza cívica, causados por armas de alto poder.
Esa institución educativa, como las otras del municipio, ha sido escenario de combates. El más reciente, a inicios de diciembre de 2024, cuando durante una semana se enfrentaron Los Herrera y El Machete. La cifra de heridos y muertos es desconocida. Cada grupo atendió a los suyos y recogió los cuerpos.
Pantelhó ha registrado desplazamiento forzado de su población. De 720 alumnos que tenía la Escuela Secundaria Técnica 71 hace cuatro años, hoy hay inscritos 262, pero en estas primeras semanas de clases han asistido entre 140 y 150 jóvenes.
En la reapertura, la Guardia Nacional ofrece garantías de seguridad, mientras que grupos marimbísticos amenizan la ceremonia. Decía Eraclio Zepeda que las marimbas sirven para guerrear y pacificar. En esta zona de Los Altos —colindante a Acteal, donde fueron asesinadas 45 personas en 1997— la paz también se construye con las frágiles maderas cantoras de hormiguillo.
Sarelly Martínez Mendoza
Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas; su libro más reciente es Prensa y Estado en Chiapas, relaciones de poder en el siglo XXI.
