Es importante revisar el pasado para entender los aciertos de la política del salario mínimo en México, sus éxitos y puntos novedosos, diluyendo varias preocupaciones —algunas fundadas y otras basadas en dogmas— sobre incrementos en la inflación y el desempleo.

En 1976, después de casi treinta años de un incremento progresivo, el salario mínimo alcanzó su máximo histórico de 394.44 pesos diarios (a precios de 2025). México entró después en una crisis económica acompañada de hiperinflación y desempleo. Las autoridades permitieron que el salario mínimo creciera muy por debajo de la inflación, que llevó (junto con el resto de los salarios), a que perdiera alrededor del 75 % de su poder adquisitivo.
Pasada la crisis, a inicios de los años noventa, el gobierno supeditó los incrementos del salario mínimo a la inflación, manteniéndolos artificialmente bajos con el objetivo de ganar competitividad en el mercado internacional, como dictaban las políticas del momento.1 Esto implicó que, a precios actuales, el salario mínimo se mantuvo en alrededor de 100 pesos diarios de 1990 a 2017.
Si bien el debate sobre el aumento al salario mínimo y, por ejemplo, su no efecto inflacionario inició antes, el gobierno de López Obrador fue el que aplicó una política de recuperación del poder adquisitivo de éste. En la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en la que trabajé desde el inicio de la administración pasada, analizamos la posibilidad de hacerlo y tras un análisis riguroso determinamos que incrementar el salario mínimo era posible dadas las condiciones del mercado de trabajo mexicano. El gobierno decidió implementarlo y a la Conasami le tocó establecer lo que sería la política salarial de los últimos siete años. Así inició al proceso de recuperación sostenida y responsable del salario mínimo en México.
La Nueva Política de Salarios Mínimos arrancó en diciembre de 2018 con el primer incremento del 16.2 % en lo que hoy es la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) y de 100 % en la entonces recién creada Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). Nuestro equipo trabajó (y continúa trabajando) en el diseño de esa política salarial.
El diseño y el trazo de los incrementos salariales se realizó en dos partes. La primera inició desde 2016, durante el gobierno de Peña Nieto, con la aprobación de las reformas constitucionales para la desindexación del salario mínimo. Este paso fue muy importante ya que, hasta este punto, el sector empresarial y algunas voces del sector obrero argumentaban que incrementar el salario mínimo era imposible porque provocaría una espiral inflacionaria. Esto era parcialmente cierto, dado que en México muchos componentes esenciales de la economía estaban vinculados al salario mínimo (multas, créditos e incluso contratos colectivos).
De ahí que eliminar todas esas vinculaciones era primordial. Finalmente, en 2016 se logró desvincular al salario mínimo y un año después se dio un incremento “histórico” para la época, aunque apenas fueron dos pequeños incrementos de 3.2 % y 4.7 % en términos reales.
El segundo paso fue el más complicado: la implementación de una política salarial que tuviera éxito. Tuvimos que preparar una batería de estudios que nos dieran claridad suficiente sobre todos los escenarios posibles. Como parte del diseño, decidimos que el primer año crearíamos la ZLFN del país, en la que incrementaríamos el salario mínimo en un 100 % y en el resto del país (ahora ZSMG) se incrementaría un 16.2 %.
Parte de la implementación consistió en elaborar investigaciones empíricas. Sobre todo, aprovechamos la recién creada ZLFN para identificar el efecto que tuvo el salario mínimo sobre el empleo y la inflación. La Conasami estimó que en la ZLFN tuvo un impacto menor al 0.02 % sobre los precios y un efecto nulo en el empleo. La comunidad académica llegó a conclusiones similares (por ejemplo: Raymundo Campos y Gerardo Esquivel en este artículo publicado en 2021).
Después de esos estudios, se trazó el plan para los siguientes incrementos: un año después del incremento del 100 %, en la ZLFN se aumentaría un poco por arriba de la inflación, para dar espacio a la compresión salarial que ocasionaría duplicar el salario mínimo. En el resto del país, habría incrementos de alrededor del 20 % (siempre con márgenes de error) para superar una recuperación del 100 % para final del sexenio.
El plan funcionó y las predicciones de nuestros modelos fueron acertadas. A pesar de una fuerte preocupación del sector empresarial, se aprobaron los incrementos el primer año y, para sorpresa de muchos, el primer dato de inflación que arrojó el norte del país fue negativa (cayó), y durante el año se mantuvo mucho más baja que en el resto del país. Esto contribuyó, al menos por ese momento, a romper con el mito de algunos de que el salario mínimo era, siempre y necesariamente, inflacionario.
Durante el sexenio pasado, casi todos los incrementos al salario mínimo fueron conforme al plan, excepto en la pandemia de covid. En el 2020, el empleo cayó de manera abrupta, aumentó la pobreza y el ritmo de generación de empleos se redujo. Por lo tanto, tuvimos que ajustar el plan: en vez de incrementar el salario mínimo en un 20 %, decidimos hacerlo en un 15 %, para después compensar con un incremento del 22 % en el 2022. Ése fue el único año en que el salario mínimo se aprobó por mayoría simple del Consejo de la Conasami (el resto de los años la decisión fue unánime), once votos del sector obrero más uno del sector gobierno, y once en contra del sector empresarial.
¿Cómo se lograron esos aumentos? Hay muchos factores. Cuento algunos de los cambios que han ocurrido al interior de la Conasami como explicación para eso.
El Consejo de la Conasami está integrado por doce sectores de actividad económica, donde hay un representante y un suplente, tanto del sector empresarial como del sector obrero. Por tanto, hay veinticuatro votos más un voto del gobierno (el del presidente de la Comisión). Hasta antes del sexenio de López Obrador, se les entregaba un informe, que consistía en recortes de reportes de otras instituciones como el Inegi, el Banco de México, el Banco Mundial, entre otras. Esto cambió en años recientes. La Conasami empezó a publicar muchas más investigaciones y ahora el informe que se entrega al Consejo reporta cada mes un estudio diferente, dependiendo del contexto económico; además de los principales indicadores económicos del país, con especial énfasis en el mercado laboral. Esto ha estimulado el debate entre quienes integran el Consejo, que están mucho más informadas y, por tanto, toman mejores decisiones.
Debido a las investigaciones y los estudios, logramos convencer al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del beneficio que tiene fortalecer el mercado interno a través de ingresos más altos para quienes trabajan. Asimismo, hemos logrado tener un sector de trabajadores mucho más informado en el país, que demanda mejores empleos con mejores salarios. Es un hecho que a siete años de recuperación todos los representantes en Conasami de trabajadores y de empresas piensan que ésta ha sido una política exitosa que ha beneficiado a todas las personas interesadas. Ese éxito se refleja con una votación unánime de ambos sectores en seis de siete ocasiones; la excepción fue el 2020 debido a, como lo mencioné antes, la pandemia.
El salario mínimo ha tenido muchos efectos positivos, principalmente para quienes menos tienen, sin provocar inflación ni desempleo No obstante, una afirmación frecuente de muchas autoridades y de gran parte del sector empresarial era que el salario mínimo era tan bajo, que todas las personas que trabajaban ganaban más, por tanto, era irrelevante. Esto era contradictorio con la idea de que si subía iba a provocar inflación.
Por otro lado, el efecto directo más importante del incremento al salario mínimo es el impacto que ha tenido en el salario promedio. El salario promedio real de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido 25.7 % por arriba de la inflación desde 2018. Asimismo, en la ZLFN, donde el salario es más elevado, el nivel de consumo es 10.5 % más alto que en la ZSMG.
Quizá el efecto más importante que ha tenido el salario mínimo sea sobre la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2018 y 2022, 5.1 millones personas salieron de la pobreza. Según un estudio que realizamos en la Conasami, 4.1 millones de esas personas que salieron de la pobreza es por los incrementos del salario mínimo. Esto se debe a que casi todos los hogares en México tienen personas que trabajan en la formalidad y la informalidad, por eso el salario mínimo llega a gran parte de la población. El incremento del ingreso laboral en los hogares les ha permitido hacer frente no sólo a sus necesidades alimentarias, sino también a otras necesidades básicas como pagar salud y educación.
Finalmente, el salario mínimo ha contribuido a reducir brechas y desigualdades en el país. Desde que se han dado los incrementos al salario mínimo, el 10 % de las personas trabajadoras del IMSS (primer decil de la distribución) que menos ganan tuvieron aumentos en sus salarios de 205.3 % en la ZLFN y de 115.6 % en la ZSMG, lo que ha reducido la desigualdad de ingresos en 19.7 % entre las personas aseguradas en el IMSS. Además, según las estimaciones de la Conasami, los incrementos de los salarios mínimos de 2019 a 2024 redujeron la brecha salarial de género en 29 %; el impacto es mayor en aquellos municipios donde residen las mujeres más pobres, pues la brecha de género se redujo en 66 %.
Con los incrementos tan importantes al salario mínimo en los últimos siete años, hemos logrado recuperar su poder adquisitivo en 133.8 % a nivel nacional y 252.2 % en el norte del país; sin embargo, aún falta camino por recorrer. Existen al menos tres retos hacia el futuro para la política salarial y la Conasami.
El primer reto es que el salario mínimo alcance un nivel digno, que no sólo sea lo indispensable, sino que garantice un nivel de vida decente para las familias mexicanas. Se propone que el salario mínimo alcance 2.5 canastas básicas (con el incremento de 2025 se alcanzaron 1.8).
Segundo, el rediseño de los salarios mínimos profesionales para actualizarlos y aprovecharlos, así se revalorizará el trabajo de las mujeres y se reducirá la brecha de género. En México, como en todo el mundo, las profesiones donde hay un porcentaje mayor de mujeres tienen salarios más bajos; sin embargo, esto no ocurre porque la profesión produzca menos valor, sino por discriminar una profesión feminizada.2 Por tanto, el objetivo de la Conasami es crear salarios mínimos profesionales que impulsen salarios más altos en profesiones donde participan más mujeres.
Y tercero, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto que la Conasami se transforme en una institución que no sólo tenga la tarea de definir la política del salario mínimo, sino que, además, revise las condiciones que existen en el mercado laboral y elimine prácticas de abuso salarial, contratos de competencia, entre otros.
Sobre el primer punto, la Conasami busca que el salario mínimo alcance 2.5 canastas básicas hacia 2030 (canasta que utilizaba el Coneval para medir la línea de pobreza por ingresos). Sin embargo, el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades de un dependiente económico. En México, una familia promedio tiene dos personas trabajadoras y dos dependientes económicos. Hemos planteado la necesidad de llegar a un salario mínimo digno, que no sólo cubra dos a canastas básicas, sino que también considere un 0.5 de adicional para que los hogares que no sólo salgan de la pobreza, sino que tengan capacidad para el ahorro, invertir en educación, etcétera. Para lograr esta meta, hemos planteado una trayectoria que considera que la inflación en México será de alrededor de 3.5 % anual en los próximos años; necesitamos lograr incrementos promedios cada año de aproximadamente 12.4 %. Esto implica que el salario mínimo llegaría a los 500 pesos diarios a nivel nacional, es decir, alrededor de 15 220 pesos mensuales.
El segundo punto es muy importante: actualmente la Conasami tiene una tabla de 61 salarios mínimos profesionales. La función de éstos debe de ser salvaguardar el piso mínimo para aquellas profesiones que no tienen ninguna forma de representación sindical u organización obrera, así como profesiones precarizadas (sin contratos, bajos ingresos, entre otras). Sin embargo, muchas de las profesiones en la tabla realmente no necesitan un salario mínimo porque ya cuentan con salarios más elevados. También varias profesiones no han sido actualizadas en muchos años. Por tanto, este año se está trabajando de la mano del sector obrero y empresarial para buscar un acuerdo que permita actualizar la tabla de salarios mínimos profesionales. Por otro lado, una parte muy relevante, como mencioné antes, es que en México las profesiones feminizadas típicamente reciben salarios más bajos sólo por el hecho de que participan más mujeres. Parte de esa retabulación de los salarios mínimos profesionales implica que en el Consejo de Representantes se propongan salarios más elevados en profesiones donde participan más mujeres, como es el caso del trabajo doméstico, la docencia de educación básica, la enfermería, entre otras.
Finalmente, ante los cambios en los mercados internacionales y las características de la economía mexicana, la presidenta Sheinbaum ha planteado que la Conasami se transforme para que tenga más facultades de regulación en el mercado laboral. La propuesta surge porque México es uno de los países que tiene mayor concentración en el mercado de trabajo. Esto significa que, dado que las personas trabajadoras enfrentan pocas opciones reales de trabajo, las empresas pueden bajar el salario de ciertas ocupaciones porque ejercen un fuerte poder de mercado. Esto afecta mucho más a las mujeres que a los hombres; en el caso de las mujeres se excusa en la flexibilidad laboral que ganen salarios más bajos.
La Conasami, con nuevas facultades, tendría la tarea de analizar a profundidad en qué municipios y en qué industrias existen estas prácticas; haría sugerencias a las empresas para que desistan de utilizar estas prácticas y dejen de pagar salarios bajos. Incluso, se plantea la posibilidad de que la institución pueda inspeccionar ciertas empresas y proponer a la STPS que las multe si persisten en mantener estas prácticas de abuso laboral.
La política de incremento al salario mínimo en México representa un hito histórico en materia laboral. Ha logrado una recuperación significativa del poder adquisitivo —a pesar de una pandemia— con impactos positivos en el consumo, la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad de ingresos y de la brecha de género. Todo esto sin provocar los efectos negativos tradicionalmente atribuidos, como la inflación o el desempleo.
No obstante, aún existen retos importantes. Alcanzar un salario verdaderamente digno requiere mantener una ruta de crecimiento ordenado, que permita cubrir al menos 2.5 canastas básicas. Asimismo, es prioritario modernizar la tabla de salarios profesionales y transformar la Conasami en una institución más robusta, capaz de identificar y combatir prácticas salariales abusivas. Con estos pasos, México podría consolidarse como un líder global en la promoción del salario digno y el bienestar de su población trabajadora.
Luis F. Munguía
Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Doctor en Economía por la Universidad de California, experto en política laboral.
1 Para más información sobre estas políticas, véase: Munguía, L. “Productividad, Salarios y Trabajo Digno en México”, Fundación Friedrich Ebert Stiftung México, 2019; Camberos, M., y Bracamontes, J. “La informalidad laboral en las entidades de México en el siglo XXI: posibles factores explicativos”, Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía, 2021; Reyes, M. “Análisis político: los salarios en México”, Fundación Friedrich Ebert Stiftung México, 2011.
2 Amplias investigaciones en economía laboral y sociología muestran que una mayor participación masculina en profesiones feminizadas, como la enfermería, está asociada con incrementos salariales promedio y con un “premium” (Macpherson y Hirsch, 2017; Magnusson, 2009).