Durante la campaña electoral, Claudia Sheinbaum habló del cuidado desde dos enfoques. Destacó que los cuidados recaen sobre todo en las mujeres y señaló que requieren mayor atención del Estado no sólo por justicia, sino también por su impacto en el desarrollo económico y social de todo el país. Reconoció que la desigualdad histórica entre hombres y mujeres implica la necesidad de un cambio cultural.

Sus propuestas concretas fueron expandir la infraestructura de servicios y mejorar la capacitación laboral para las personas cuidadoras.

El 26 de junio de 2024, durante un encuentro de mujeres en el Claustro de Sor Juana, Sheinbaum anunció la creación del Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de redistribuir de manera equitativa las responsabilidades de cuidado, tradicionalmente asumidas por las mujeres, y promover su autonomía y desarrollo pleno. Se crearán centros públicos de cuidados y habrá educación inicial para la primera infancia, sobre todo para apoyar a jornaleras agrícolas y mujeres de la maquila; se incrementarán de manera paulatina las licencias de maternidad y paternidad, y se establecerá una mayor corresponsabilidad entre hogares, sociedad y Estado.

Desde el 1 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional con una agenda clara para el desarrollo del país: el nearshoring como oportunidad para atraer inversiones y fortalecer polos de industrialización y desarrollo. Ese proyecto se condensa en el Plan México: Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida. También llegó con un mensaje contundente: “Es tiempo de mujeres”; y con un paquete económico con recursos etiquetados para materializar elementos de la reforma constitucional que reconoce como sujetos de derecho a los pueblos indígenas y afromexicano. Aquí se incluye el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas, que tendrá 500 millones de pesos en 2025 para otorgar 12 000 apoyos individuales de hasta 50 000 pesos y mil para colectivos o sociedades de hasta 300 000 pesos.

Por otra parte, la presidenta heredó proyectos a gran escala impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya y el Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Ambos megaproyectos han sido ampliamente cuestionados por sus impactos ambientales y por la falta de consulta a pueblos indígenas y equiparables conforme a los estándares reconocidos en el convenio 169 de la OIT, del cual México es parte desde 1991.

El 28 de mayo de 2014 una mujer fue detenida y vinculada a proceso por el delito de secuestro. Su esposo y otros sujetos se hacían pasar por policías para detener a personas y extorsionar a sus familias. Les exigían dinero por no enviar a sus familiares a la cárcel acusados de posesión de drogas. El dinero debía depositarse a una cuenta; estaba a nombre de una mujer a quien se referían como “la Jefa”. Al momento de detenerla, las autoridades tenían ciertos indicios de su probable participación en el delito, como los testimonios de las víctimas de que habían escuchado sobre “la Jefa” y los comprobantes de depósito a su cuenta. Suficiente para señalarla como coautora de los secuestros, vincularla a proceso y, como corresponde en ese delito, enviarla a prisión preventiva oficiosa.

En las sentencias de primera y de segunda instancia se le declaró culpable del delito de secuestro porque recibía el dinero en su cuenta y lo retiraba. Desde esas instancias ella ya había señalado ser víctima de violencia por parte de su pareja. Para estos tribunales, sin embargo, aun con el maltrato no había elementos para presumir que la obligaron a recibir y retirar el dinero de esa cuenta. Finalmente, al ser juzgada por un Tribunal Colegiado, fue absuelta. Este tribunal consideró que las pruebas no eran suficientes para establecer que la peticionaria cometió el delito. Valoradas con perspectiva de género, había pruebas de que ella desconocía el origen del dinero y que ignoraba que al retirarlo estaba en curso tal delito, además de que era víctima de maltrato y coerción por parte de su pareja.

Al final del año pasado, durante el encuentro nacional “Mujeres por la igualdad sustantiva y el bienestar”, la senadora de Morena Malu Micher señaló que la recién aprobada reforma judicial podría derribar las barreras que perpetúan la impunidad en el acceso a la justicia de las mujeres. Dijo: “La reforma que acabamos de aprobar es una reforma precisamente que rompe las barreras, que rompe los obstáculos de juezas y jueces que maltratan a las mujeres, que durante años no les dan sentencia, que se burlan de nosotras cuando tienen que emitir una sentencia o jueces que siguen siendo señalados como acosadores o violadores, y ahí siguen en el ejercicio de su cargo”.

Hay que reconocer que la senadora fue atinada en su descripción del panorama actual de la justicia. Los poderes judiciales en México, sobre todo los locales, no siempre han sido aliados de las mujeres.

A los pocos días de tomar posesión, la presidenta Sheinbaum envió un paquete de reformas para la igualdad sustantiva que incluían cambios al artículo 21 constitucional, que pide a las instituciones de seguridad pública regirse con “perspectiva de género”. ¿Cómo podemos entender esa propuesta a la luz de la reforma sobre las Fuerzas Armadas gracias a la cual ya no hay una institución civil a cargo de la seguridad pública? ¿Cómo se relaciona esa reforma a la luz de la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos migratorios? ¿Qué conexión hay entre la militarización y la discriminación y violencia que viven las mujeres en movilidad? Para lograr una política de seguridad pública con perspectiva de género para las mujeres en contexto de movilidad, el gobierno de la presidenta Sheinbaum debería adoptar un enfoque diferente, pasando del control migratorio a uno centrado en la protección. Esto implicaría desmilitarizar las políticas migratorias y priorizar la atención a los delitos cometidos contra las mujeres, en lugar de criminalizarlas.

México, como muchos países, vive una crisis de cuidados: cada vez somos más quienes requerimos cuidados y menos las personas disponibles en el hogar para prestarlos. Algunas crisis —como las económicas o sanitarias— suelen resultar en acciones contundentes desde los gobiernos para aminorar sus efectos y tratar de revertir las condiciones que las generaron. Otras —como la crisis climática— permanecen en el trasfondo de la discusión pública, con efectos evidentes, pero sin una respuesta a la altura de la urgencia. La crisis de cuidados en México es de este segundo tipo: el tema tiene un lugar central en la agenda pública pero, pese a promesas en las campañas, las respuestas de los gobiernos han sido parciales e insuficientes.

El problema es que no atender la crisis de cuidados agrava las desigualdades. En primer lugar, reproduce la desigualdad de género, pues la mayor parte de los hogares asigna a las mujeres el trabajo de cuidar. Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de INEGI (ENASIC, 2022), de las personas mayores de 15 años que cuidan a alguien en un hogar, 75.1 % son mujeres.