Nadie puede acusar a una persona de sentarse a la mesa a platicar con su perro y no significa que no exista diálogo y entendimiento entre los dos. Hay una batalla permanente por los límites entre el perro y el dueño de la casa, fronteras que el animal busca trasgredir y el amo imponer. El resultado es ese modus vivendi propio de cada hogar, donde el amo decide o, en no pocos casos, donde el perro gana terreno e impone condiciones que el amo termina por naturalizar. Exactamente lo mismo sucede entre los gobiernos y el crimen organizado. No necesitan sentarse en una mesa a platicar para entenderse. Las balas hablan y la ausencia de éstas también. Los abrazos se reciben como muestras de cariño y los no balazos construyen el marco de acción.

El brutal incremento de las desapariciones en el sexenio de López Obrador es el resultado de una política pública de seguridad que nunca fue hecha explícita pero si comunicada y entendida. “No son desapariciones forzadas porque no fue el Estado”, alegan los propagandistas de la llamada Cuarta Transformación con el simplismo que caracteriza la creencia. El Estado, sin embargo, tienen que ver con las desapariciones de varias maneras, todas perversas.

Entender la desaparición

La desaparición en México es un fenómeno que engloba distintos problemas. Lo que hay en común en todas las desapariciones es la ausencia involuntaria de una persona y un sujeto individual o colectivo que perpetra la desaparición: alguien, en algún momento del proceso de desaparición, decidió tomar la vida del otro.

Una mañana de enero del 2025, el profesor Ramón Paz murió porque en la parte delantera de su vehículo estalló una mina terrestre instalada por un grupo delincuencial. El maestro Ramón circulaba en su camioneta por un camino de terracería rumbo a la telesecundaria donde impartía clases. El explosivo, escondido sobre unas piedras, estaba en el tramo del camino que conecta dos localidades de la denominada Tierra Caliente: El Tepetate y Las Bateas, en el municipio de Apatzingán, al suroeste de Michoacán. Este suceso no fue un hecho aislado. De 2022 a 2024, al menos ocho personas murieron por pisar accidentalmente este tipo de minas colocadas en caminos, ranchos y campos de cultivo en la región. Las víctimas han sido campesinos, jóvenes jornaleros, militares y profesionistas. En esta zona, el equipo antibombas de las Fuerzas Armadas desactivó 87 minas terrestres en el primer mes de 2025.¹

Este tipo de tácticas de combate entre organizaciones criminales antagónicas evidencian la intensidad del conflicto armado en la zona rural del Valle de Apatzingán que, al menos durante dos décadas, envuelve la vida cotidiana de decenas de localidades. Estas situaciones sugieren la profesionalización y el asesoramiento militar de las técnicas con las que se produce muerte y terror. En medio de todo, la población civil queda atrapada y se convierte en víctima en un ámbito de impunidad sistemática.

¿Qué ocurre con la escuela en esos entornos? ¿Cómo están experimentando las comunidades escolares estas violencias? En Tierra Caliente, como en muchas otras regiones del país donde hay una estatalidad limitada,² el personal educativo enfrenta desafíos inéditos para realizar sus actividades académicas por este tipo de inseguridad derivada de las violencias desplegadas y reguladas por actores criminales con un gran poder de fuego y profunda penetración social.

Chiapas ha ocupado los primeros lugares en rubros que indican su vulnerabilidad social: pobreza, analfabetismo, rezago escolar y escaso acceso a la educación superior. Estos indicadores se han agudizado con la violencia intracomunitaria y la provocada por la delincuencia organizada.

Estas violencias no son recientes, pero se multiplicaron a partir de la pandemia, cuando diversos grupos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a disputarse territorios en las regiones de la Frailesca, Sierra Mariscal y Fronteriza. Esto derivó en la captura de comunidades enteras, el cierre de escuelas, centros de salud, oficinas públicas y la suspensión del servicio de transporte público.

En estas zonas se hicieron cotidianos los secuestros, asesinatos, reclutamientos forzados, cobros de derecho de piso, establecimiento de retenes y control de la población para manifestarse a favor de los cárteles y en contra de la presencia de policías o del Ejército.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024) negó el incremento de la violencia en Chiapas, a pesar de las denuncias ciudadanas sobre la coerción que se sufría y que afectaba todos los ámbitos de la vida.

Zenaida prometió que llegaría a más tardar a la 1 a. m. Cuando pasó esa hora su hermana no estaba muy preocupada; pensó que una llanta se habría ponchado. Algo común en donde vivían: el estrecho montañoso de la costa rural de Michoacán. Alrededor de las 9 p. m. su madre vio una caravana de camionetas, las mismas que usan los sicarios, a toda velocidad en la misma dirección en que había ido Zenaida.

Las hermanas se mudaron con su familia a la región hacia fines de los años setenta, cuando la mayor —a quien llamaré Natalia— tenía 5 años y Zenaida era una bebé. Prácticamente nadie vivía en la costa de Huahua, donde su padre administraría más de cien cabezas de ganado. La familia abrió un pequeño restaurante de mariscos en un pueblo cercano; también tenían una pulpería, una lavandería y rentaban cuatro cabañas. “Era perfecto, teníamos todo lo que necesitábamos”, me dijo Natalia.

A principios de los 2000 la violencia en la zona llegó a su pico con la “invasión” de Los Zetas, la fuerza paramilitar del Cártel del Golfo que empezó a reclutar miembros mientras tomaba control del tráfico de drogas, minería ilegal y explotación forestal. Ni Natalia ni Zenaida “andaban metidas en algo”, así que nunca se preocuparon. Pero la familia era dueña de propiedades y Zenaida participaba en brigadas de búsqueda de fosas clandestinas, ganándose la ira del grupo criminal Los Tenas. En abril de 2019 el grupo le dijo a la familia que tenían ocho días para desalojar su casa e irse del pueblo; al resistirse, recibieron una serie de mensajes anónimos exigiendo 100 000 pesos. Las hermanas denunciaron en una oficina local de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. No se hizo nada: “No enviaron a nadie a ayudarnos”, me dijo Natalia. Dos meses más tarde, después de que vieron a su vecino interactuar con Los Tenas, Zenaida pidió ayuda de nuevo, esta vez a una oficina de gobierno distinta.

A las 5 a. m. de esa noche de junio de 2019, todavía sin saber de su hermana, Natalia y su mamá manejaron bajo un aguacero en busca de Zenaida. Por un remoto camino rumbo a Maruata encontraron un auto similar al que manejaba Zenaida con las luces encendidas. Estaba acribillado. Natalia salió, fue hacia el auto y regresó en silencio. Estaba muy cansada, demasiado en shock, como para decir que Zenaida, su amorosa hermana, yacía muerta. “No es nada, vayámonos a casa”, le dijo a su mamá.