Nadie puede acusar a una persona de sentarse a la mesa a platicar con su perro y no significa que no exista diálogo y entendimiento entre los dos. Hay una batalla permanente por los límites entre el perro y el dueño de la casa, fronteras que el animal busca trasgredir y el amo imponer. El resultado es ese modus vivendi propio de cada hogar, donde el amo decide o, en no pocos casos, donde el perro gana terreno e impone condiciones que el amo termina por naturalizar. Exactamente lo mismo sucede entre los gobiernos y el crimen organizado. No necesitan sentarse en una mesa a platicar para entenderse. Las balas hablan y la ausencia de éstas también. Los abrazos se reciben como muestras de cariño y los no balazos construyen el marco de acción.
El brutal incremento de las desapariciones en el sexenio de López Obrador es el resultado de una política pública de seguridad que nunca fue hecha explícita pero si comunicada y entendida. “No son desapariciones forzadas porque no fue el Estado”, alegan los propagandistas de la llamada Cuarta Transformación con el simplismo que caracteriza la creencia. El Estado, sin embargo, tienen que ver con las desapariciones de varias maneras, todas perversas.
Entender la desaparición
La desaparición en México es un fenómeno que engloba distintos problemas. Lo que hay en común en todas las desapariciones es la ausencia involuntaria de una persona y un sujeto individual o colectivo que perpetra la desaparición: alguien, en algún momento del proceso de desaparición, decidió tomar la vida del otro.
Para efectos de comprensión podemos dividir el fenómeno de la desaparición en dos grandes grupos: la trata, los que son llevados para alimentar los ejércitos o hacer trabajos no deseados, y las llamadas barredoras o limpias, que no es otra cosa que una política de exterminio que ejercen los llamados “jefes de plaza”, sea para eliminar contrincantes, mandar mensajes o simplemente eliminar personas problemáticas del territorio. Dentro del primer grupo están desde las mujeres que son llevadas a ejercer trabajos de prostitución o que son vendidas en redes de pederastia hasta los jóvenes que caen en las redes del crimen organizado en busca de un trabajo. Algunos, con perfil técnico, son llevados a ejercer un oficio dentro del crimen organizado —hay casos documentados: desde ingenieros químicos hasta técnicos en aire acondicionado— y otros, la mayoría, son llevados a los ranchos de entrenamiento/exterminio donde unos se convertirán en sicarios y otros serán los cuerpos en que aquéllos aprenderán el oficio. Aunque la mayoría de estas personas desaparecidas terminarán siendo asesinadas, su muerte no es inmediata. El segundo grupo, las víctimas de las barredoras, lo componen personas que son asesinadas inmediatamente después de que son levantadas y su cuerpo desmembrado y desaparecido en fosas clandestinas.
¿Y el Estado?
El discurso del gobierno de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum es que el Estado nada tiene que ver con las desapariciones. Primero, intentaron minimizar el fenómeno argumentando que la mayoría de los desaparecidos se van por su propia voluntad, como si eso descargara al Estado de su obligación de buscarlos. Sin embargo, el incremento de la desaparición está directamente vinculada al Estado en al menos dos aspectos.
El primero es la supletoriedad del crimen organizado en materia de seguridad. En los barrios y municipios donde “la plaza” ha suplido a las policías municipales, la desaparición se convirtió en una forma de control del delito. La reducción de delitos comunes como robo a casas, robo a negocio, robo de autopartes y otros delitos del fuero común fue notable, más de 15 % entre el 2019 y el 2023. Los “jefes de plaza” entendieron bien que lo que quieren los presidentes municipales, gobernadores y el gobierno federal es rendir buenas cuentas en seguridad y se hacen cargo de que eso suceda. “Primero los tablean y si reinciden entonces sí los desaparecen”, me dijo con absoluta naturalidad una madre de familia de un pequeño municipio del sur de Jalisco enclavado en lo que se conoce como “la zona Mencho”. Ahí, como en gran parte de los municipios del país, el cártel se encarga de la seguridad y practica la desaparición como método de control del territorio.
El segundo punto tiene que ver con el diálogo entre el Estado y los criminales. El lenguaje con el que se construyen los límites son las balas o la ausencia de éstas. El crimen organizado entendió que el gobierno de López Obrador tenía la obsesión de bajar el número de asesinatos en el país y que a cambio de eso ofrecía abrazos, algunos metafóricos y otros reales como fue el saludo a la madre del Chapo Guzmán, y no balazos, que no es otra cosa que no persecución e impunidad. Aunque en el acumulado sexenal el gobierno de Morena sigue siendo el más violento de la historia, hay una tendencia a la baja en el número de homicidios dolosos registrados (gráfica 1) y una tendencia inversamente proporcional en el número de desaparecidos no localizados.
¿Por qué el crimen organizado se toma “la molestia” —a fin de cuentas, un costo adicional— de desmembrar, quemar e inhumar cuerpos en terrenos controlados en lugar de sólo tirarlos a la calle como solían hacerlo hasta antes de 2015? Uno de los testigos del Rancho Izaguirre lo explicó con crudeza: si no hay cuerpo no hay delito. Desmembrar los cuerpos, enterrarlos separados (brazos, piernas, torsos y cabezas) quemarlos (“echarlo a los elotes”, es la expresión criminal) tienen como único objetivo impedir la identificación y, por tanto, el registro legal del asesinato.
La violencia letal, esto es: la suma de los homicidios dolosos más los desaparecidos no localizados, prácticamente no varió en el sexenio de López Obrador (gráfica 2) lo que cambió fue la proporción de desapariciones con respecto a los homicidios. En el sexenio de Felipe Calderón se reportaron 14 personas desaparecidas no localizadas por cada cien homicidios dolosos. Con Peña Nieto se incrementó sensiblemente la desaparición, particularmente en la segunda mitad del sexenio y la relación pasó a 21 desparecidos por cada cien homicidios. En el sexenio de López Obrador el promedio es 26, pero si observamos sólo los últimos dos años la proporción de desaparecidos no localizados se incrementa brutalmente: 31 por cada cien homicidios en 2023 y 42 por cada cien en 2024.
¿Fue el Estado? Fue la ausencia consciente y voluntaria del Estado lo que provocó la desaparición de más de 65 000 mexicanos en el sexenio de López Obrador. Es, desde donde se vea, una política pública perversa y criminal.
El perro entendió los deseos del amo. A cambio de los abrazos, el crimen le dio al presidente cifras para presumir en las Mañaneras y convirtió al país en una gran fosa clandestina.
Diego Petersen Farah
Periodista y analista político, columnista del periódico El Informador de Guadalajara
