La reducción de la jornada laboral en México es una demanda histórica que ha cobrado fuerza en los últimos años. La han impulsado trabajadores, sindicatos y movimientos sociales que buscan dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Esta lucha es parte de un largo proceso por mejorar las condiciones laborales que, en su mayoría, siguen ancladas en un modelo laboral de principios del siglo XX.
Desde 1917 la Constitución establece una jornada máxima de 48 horas semanales, lo cual ubica a México entre los países con las jornadas laborales más largas del mundo. En contraste, Francia tiene por ley una jornada de 35 horas semanales; en Alemania, pese a que la jornada máxima se mantiene en las 48 horas, hay convenios colectivos que establecen jornadas de entre 35 y 40 horas a la semana. En Latinoamérica, Chile recientemente aplicó su reforma laboral, que incluye una reducción de su jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales de forma gradual (el 26 abril de 2024 se implementó la primera etapa).
Estos y varios ejemplos más demuestran que esa política no sólo es factible, sino también beneficiosa en contextos económicos similares al mexicano. Queda claro que no es necesario priorizar las horas laboradas por encima del bienestar de la población.
La pregunta, entonces, es cuándo sucederá en México. Algunos consideran que el contexto político reciente ofrece un escenario para concretar una reforma que reduzca la jornada laboral después de un siglo. Se trataría de un punto de inflexión histórico que permitiría transitar hacia un modelo de trabajo más humano, justo y equilibrado.
Sin embargo, es imprescindible que a esta reforma la acompañen procesos eficaces de supervisión, fiscalización y sanción, para evitar que las empresas encuentren mecanismos ilegales o abusivos para eludir la ley. De lo contrario, existe el riesgo de que la reforma quede sólo en papel o se traduzca en nuevas formas de precarización laboral.
Uno de los principales obstáculos para la reducción de la jornada laboral es la resistencia del empresariado. Las cámaras industriales, asociaciones patronales y algunos líderes empresariales insisten en que esta reforma representaría un golpe económico para sus negocios, al incrementar los costos operativos y disminuir la competitividad de México frente a otras economías.
Lo cierto es que múltiples estudios internacionales ofrecen conclusiones en dirección opuesta. Lejos de provocar una crisis económica, la reducción de la jornada puede tener efectos positivos en el clima laboral, así como en la salud física y mental de quienes trabajan. Empresas con esquemas de horarios reducidos tienen mejoras en eficiencia, menos ausentismo, menos errores y mayor satisfacción del personal.
A esta resistencia de las empresas, se suma un aspecto cultural no menor: el mito de la “flojera” mexicana. La reducción de horas es entendida como una pérdida de disciplina o un deseo de trabajar menos. México, sin embargo, es uno de los países en el que más se trabaja, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y destaca, más bien, por una mano de obra que labora con ahínco en el campo o en la ciudad, ya sea en el país o en el extranjero.
Otro freno a este cambio laboral es la inquietud de algunos segmentos de la población que consideran que menos horas de trabajo significarán menos ingresos. La idea, por supuesto, es que una reforma para reducir la jornada laboral no disminuya los salarios; al contrario, en ese nuevo modelo, quienes decidan trabajar más de 40 horas podrán hacerlo con el pago correspondiente por horas extras a partir de la hora 41.
La discusión sobre la jornada laboral en el Congreso no es nueva. Desde 2017 se han presentado iniciativas para reducir las horas legales de trabajo, pero fue hasta 2023, con la iniciativa de la exdiputada Susana Prieto Terrazas, que aumentó el debate público al respecto.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a aprobar la reforma en su administración con el argumento de que no era el momento adecuado. Sin embargo, la iniciativa fue dictaminada y llevada a sesiones de parlamento abierto en la Cámara Baja. Durante estos foros participaron empresarios, sindicatos y académicos, pero faltaron las voces de organizaciones civiles, colectivos de trabajadores independientes y sectores vulnerables.
Hoy, el interés por aprobar una ley que beneficie la vida de millones de personas que trabajan en México se ha vuelto una agenda de prácticamente todas las fuerzas políticas. En lo que va de este periodo legislativo se han presentado distintas iniciativas, incluido el proyecto de ley inscrito por el Frente Nacional por las 40 Horas. El pasado 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a enviar su iniciativa en esta materia, la cual encomendó al secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y se prevé que cuente con el consenso de la clase empresarial de México.
Desde ahora preocupa que se apruebe una reforma de reducción a la jornada laboral atenuada por un proceso escalonado. Es decir, un esquema que reduzca una hora por año, de este modo la meta de 40 horas se alcanzaría hasta el siguiente sexenio.
En su convenio 047 de 1935, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que, para reducir las horas de trabajo, los países adopten o fomenten “las medidas que se consideren apropiadas para lograr esta finalidad”.1 México y su sector empresarial han tenido noventa años para prepararse y todavía existe una abierta resistencia de los sectores arriba señalados a la reducción de la jornada laboral.
Desde el Frente Nacional por las 40 Horas2 nos oponemos a la gradualidad porque la gente está cansada y ha pasado suficiente tiempo para que los sectores y actores responsables acaten dichas recomendaciones en aras de ofrecer condiciones de trabajo decente3 y garantizar que sean más humanas.
Para atender las preocupaciones económicas del sector empresarial y el Estado existen diversas propuestas que podrían ayudar a subsanar las posibles afectaciones mientras el país reorganiza sus condiciones laborales. Un primer paso debería contemplar una reforma fiscal progresiva que permita una recolección tributaria justa —que aporten más quienes más tienen—; que empareje el campo de juego entre las multinacionales y las mypimes, y que fortalezca a la autoridad laboral para que pueda hacer más y mejores inspecciones.
Establecer el esquema laboral de 40 horas semanales con dos días de descanso en México no tiene que ser visto como el descubrimiento del hilo negro. Basta con observar los procesos y herramientas de adaptabilidad que han utilizado los países miembros de la OCDE que ya operan bajo esta ley. Las fórmulas se basan en el desarrollo de habilidades, capacitación de la plantilla laboral y el mejoramiento de los procesos organizacionales; también destaca el tiempo de implementación en los diferentes sectores económicos y la claridad en el esquema de los horarios.
De manera indirecta, invertir en un mejor transporte público para recortar costos y tiempos de traslado también tendría un impacto benéfico en la productividad, pues para muchas personas los traslados se vuelven una jornada extra. Lo mismo pasa con el desarrollo de viviendas asequibles para la clase obrera y la creación de centros de trabajo pensados para beneficiar a las comunidades.
También es urgente un sistema nacional de cuidados, sobre todo cuando hablamos de reducir el empleo “informal”, en el que muchas personas trabajan, entre otros motivos, por la flexibilidad de horarios. Pero esto las mantiene también en una precarización de alto riesgo: sin prestaciones ni estabilidad ni seguridad social. Reducir la jornada de trabajo posibilitará la creación de más empleos formales en las empresas que sí quieran mantener la productividad y estén dispuestas a repensar la distribución de sus ganancias.
Es necesario considerar los beneficios de reducir las horas de trabajo desde nuestra humanidad4 y no sólo en términos de productividad. En un sistema que nos orilla a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo en un trabajo del que obtenemos un ingreso ―en su mayoría injusto― para satisfacer, en cierta medida, nuestras necesidades físicas básicas, es fundamental recordar que también somos seres con necesidades afectivas, educativas y recreativas.
Nuestra interrelación social disminuye cuando sólo convivimos con las demás personas en espacios asociados al trabajo. Pasamos el día coexistiendo entre colegas y superiores; compartimos a diario trayectos con desconocidos de rostros familiares en los medios de transporte. Las jornadas extensas y las odiseas entre centros de trabajo y hogares inevitablemente se traducen en una breve y extenuada presencia en nuestras casas. El ciclo interminable domicilio-trabajo no nos permite habitar lugares fuera de ellos. Si a nuestro día le restamos horas laborales, lapsos de traslado, tiempo para las tareas de cuidado y momentos de descanso ―en caso de que sí podamos tomarlos―, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿En qué instante podemos construir vínculos? ¿Cuándo se accede a la cultura y a las actividades lúdicas?
En un mundo donde nuestra fuerza de trabajo se considera un engranaje reemplazable en una gran máquina de producción que sirve para que un grupo minoritario acumule riqueza, no olvidemos nuestra compleja vitalidad humana, la interrelación en la que nos encontramos y lo que podemos construir a partir de ella.
En este sentido, la reducción de la jornada laboral tiene profundas implicaciones en términos de justicia de género, racialidad y clase y en el fortalecimiento del tejido social. Las largas jornadas impactan de manera diferenciada a mujeres y personas cuidadoras —principalmente precarizadas, racializadas y empobrecidas—, que además del trabajo remunerado, suelen asumir la mayor parte de las tareas de cuidados y del hogar. Esto no sólo profundiza desigualdades y brechas de género, sino que también limita las oportunidades de desarrollo profesional y personal de muchas mujeres y personas cuidadoras. Reducir la jornada podría dar paso a una distribución más equitativa del tiempo entre trabajo, cuidado y ocio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias.
Las condiciones de empleo en México reflejan la urgencia de esta reducción y dejan entrever una nueva ola de reconocimiento y respeto a los derechos laborales en todo el país. En los últimos años hemos atestiguado avances en temas como las leyes para trabajadoras del hogar y la ley silla, así como discusiones invaluables sobre el sistema de pensiones, los cuidados, el Infonavit, las propinas, y las personas que laboran como becarias o a través de aplicaciones.
Mejorar las condiciones laborales no se opone al crecimiento económico, la inversión, la competitividad ni a la generación de bienes y servicios; más bien, antepone la humanidad y la dignidad de las personas que hacen crecer la economía. Por lo tanto, la reducción de la jornada laboral debe ser parte de una verdadera reforma en todo el país.
Alitzel Cruz y María Fernanda Galicia
Integrantes de la subcomisión de Mujeres del Frente Nacional por las 40 Horas
En este texto también colaboraron: Adriana Zentella, Jessica Nava, Lilia Sosa, Lilo, Michelle Maldonado y Yocheved Mondragón.
1 C047 – Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47), Organización Internacional del Trabajo
2 En el Frente Nacional por las 40 Horas operamos desde una base democrática y horizontal y establecemos alianzas con cualquier organización dispuesta a colaborar para alcanzar este objetivo común.
3 Levaggi, V. «¿Qué es el trabajo decente?», OIT, 9 de agosto de 2004, https://www.ilo.org/es/resource/news/que-es-el-trabajo-decente
4 Esta afirmación no pretende negar una realidad histórica: la transvaloración de lo humano y los sistemas de opresión fundamentados en estas segregaciones. Lejos de homogeneizar la diversidad de experiencias, se intenta crear un punto de encuentro para construir puentes en aras de la justicia social.
