Desde el inicio de las huelgas obreras, las mujeres trabajadoras o las esposas fueron un pilar central. Por ejemplo, en la huelga de Río Blanco destaca Margarita Martínez, quien por mantener la resistencia contra la empresa fue detenida y enviada a San Juan de Ulúa. Cuando salió dos años después se incorporó al ejército zapatista.
En este proceso las trabajadoras tomaron un papel relevante al plantear sus propias demandas relacionadas con la precariedad de sus condiciones laborales y el incumplimiento patronal. A finales del siglo XIX, las empresas estaban compuestas por un considerable número de mujeres, pero no recibían un trato igualitario. Recordemos las huelgas de las costureras y las cigarreras, cuyas actividades requerían de un trabajo laborioso, repetitivo, disciplinado. El empleador les imponía cargas de trabajo excesivas, jornadas largas y extenuantes y salarios muy por debajo de lo que ganaba un hombre.
Las cigarreras de la compañía La Mexicana constituyeron su sindicato. Las botoneras de la fábrica La Perfeccionada elaboraron su pliego de peticiones: aumento de salario en 100 %; ocho horas de labor; reconocimiento del sindicato; reingreso de compañeras despedidas; no destituir a ningún trabajador que secundó el movimiento; y suspensión de multas.
Es importante reconocer que las botoneras nombraron a su comité ejecutivo y la mayoría eran mujeres. Dentro de su pliego petitorio, dos demandas eran para mejorar sus condiciones de vida y las otras se enfocaron en política: reconocer a su sindicato, la reinstalación de sus compañeras y evitar los despidos de quienes apoyaron la huelga.
Unos años después, en 1914, durante la huelga de El Palacio de Hierro, las costureras protestaron por el maltrato que sufrían y por el despido de una obrera y un obrero.
Esas huelgas y esas demandas de las trabajadoras eran los pasos para encontrar su autonomía y confrontar las prácticas de violencia y explotación.
El feminismo anarcosindicalista también influyó en la formación política-ideológica de las líderes trabajadoras. En las publicaciones y en las reuniones se abordaban los problemas de las trabajadoras. Esto fomentaba en las mujeres la necesidad de luchar por su emancipación y cambiar las desventajas que enfrentaban en el trabajo.
Las trabajadoras que asumieron su militancia con los Flores Magón elaboraron
un proyecto feminista–anarcosindicalista, cuyos principales pronunciamientos fueron:
- Por la emancipación de la mujer obrera
- Por la independencia económica de la mujer
- Por un empleo para las mujeres
- Por la organización sindical de las mujeres
- Por el divorcio
- Contra la opresión del hombre contra la mujer
- Contra la religión y el fanatismo
- Contra los salarios inferiores que reciben las mujeres y los niños
- Contra los concursos de belleza y simpatía entre las obreras
Esas luchas detonadas por la gran pobreza y la explotación y la influencia de la corriente anarquista de los Flores Magón fueron la base de la primera etapa de los sindicatos en el país.
La disputa de los grupos políticos por el apoyo de los sectores sociales y las diferencias en los proyectos políticos obligaron a la clase trabajadora a tomar una postura. La organización sindical que impulsó las huelgas para exigir una mejora en las condiciones de trabajo no fue suficiente. Al final, fueron reprimidas y derrotadas.
Esa incipiente organización sindical se decantó por el apoyo a una de las alas políticas que enfrentaban a las fuerzas campesinas y sus ejércitos. Cuando se aliaron con la clase política en el poder, los sindicatos canjearon su independencia política, la autonomía de su organización sindical, la negociación colectiva y la invisibilidad de las trabajadoras en los sindicatos y, por ende, de sus demandas específicas.
El sindicalismo abandonó su papel histórico de promover las reivindicaciones obreras al priorizar su vinculación a la estructura del partido en el poder. Eso originó un “corporativismo” que condicionaba sus estrategias a las negociaciones y acuerdos con los gobiernos en turno, al tiempo que construía un sistema que regulaba los procesos productivos y los topes salariales, avalaba los cambios en los sistemas de pensiones y controlaba la participación democrática de las trabajadoras y los trabajadores.
Los sindicatos se convirtieron en espacios de malas prácticas y corruptos; la impartición de la justicia laboral y el diálogo tripartita se pervirtieron. Se fortalecieron las prácticas patronales que violan los derechos humanos laborales y garantizan sus ganancias, permitiéndoles ajustes de la producción a costa de la salud y la vida de las trabajadoras. La precarización del trabajo, los bajos salarios, los malos tratos verbales y físicos, el agotamiento mental, son resultado de la vida corporativa de los sindicatos en nuestro país.
En este contexto se detonan las prácticas misóginas en contra de las trabajadoras, la discriminación traducida en humillaciones públicas en el trabajo, el no reconocimiento a los esfuerzos de su labor, la negación a sus derechos laborales relacionados con los cuidados de las infancias, el chantaje cuando se piden permisos para atender problemas escolares y familiares, los cambios de áreas de trabajo como castigos por preguntar o exigir sus derechos y la violencia sexual.
¿Cuál es el futuro del sindicalismo en México? Es una pregunta crucial ante la pérdida de legitimidad, la corrupción y el distanciamiento de sus afiliados y afiliadas. Los sindicatos son vistos como instrumentos del Estado para aplicar las políticas de los intereses privados. Esas asociaciones han degradado su papel en la defensa de las trabajadoras y los trabajadores al validar las estructuras económicas y productivas del capital, que amenazan la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Las grandes luchas por democratizar la vida sindical son paralelas al control corporativo sindical, que mantuvo sus alianzas para ser parte de las derrotas de las movilizaciones y de las huelgas de mineros, ferrocarrileros, electricistas, trabajadores del sector salud y maestros. En cada una éstas, como ya se dijo, las trabajadoras han sido un pilar fundamental.
El reto que tienen los sindicatos en México es recuperar su legitimidad ante la sociedad, buscar su independencia real del Estado y de los partidos políticos, vincularse con los movimientos sociales, entre ellos el movimiento feminista que ve a los sindicatos como una caja de resonancia patriarcal y misógina. Los sindicatos deben transformarse para ser una expresión política de la sociedad.
Estamos en un momento crucial. Llevamos más de dos décadas discutiendo tanto los cambios en la ley del trabajo para acceder a una justicia laboral y modificar las estructuras de atención a esos problemas como la necesidad de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Tres reformas han construido este camino: la de 2012, la de 2017 y, la más reciente, en el 2019. Hoy están a prueba y bajo el escrutinio de la sociedad y de las trabajadoras.
Los avances para las trabajadoras se traducen en que la mayoría de las centrales sindicales han incorporado áreas de atención para ellas, con secretarías de género o de igualdad sustantiva y en que cada vez hay más trabajadoras en espacios de toma de decisiones. Sin embargo, esto no ha traído cambios estructurales. Las discusiones y decisiones siguen en manos de los directivos sindicales, así como la vocería en las negociaciones laborales y políticas.
Las trabajadoras que llegan a las secretarías generales enfrentan todo tipo de violencias, como descalificaciones en su ejercicio sindical y campañas digitales en su contra. Esto las limita a hacer cambios estatuarios significativos y se ven obligadas a ejercer su autoridad con acciones masculinas y con sesgos autoritarios para que las respeten.
Para que las trabajadoras avancen en la democratización sindical y logren que el sindicato recupere su legitimidad, su papel debe ser transformador. Es necesario que su agenda incorpore la defensa y monitoreo de sus derechos políticos, económicos y sociales, además de los laborales y de género. Hay una tendencia a menoscabar los derechos laborales porque tienen una articulación más allá del marco laboral: integran el derecho a la vivienda, la salud, la educación y los cuidados. Se debería diseñar un programa de reparación de daños y colocarlos en el marco regulatorio con un nuevo enfoque integral.
Los sindicatos han acordado acciones que les permiten transitar a un modelo político-sindical y productivo para convertirse en un referente social. El camino apenas inicia, la lentitud de su respuesta y movilidad queda rebasada ante la rapidez de los cambios laborales, tecnológicos, políticos y sociales. Es necesario reconstruir su identidad de clase, su legitimidad democrática y de transparencia para ser una fuerza política que incida en la gobernanza del país.
Un sindicalismo nuevo, legítimo, incluyente e independiente deberá reivindicar el diálogo social con el sector empresarial y el Estado. Recomponer el debate entre los sectores de la producción e integrar a la sociedad civil fortalecerá el proceso democrático en el país. Asumir la agenda de las trabajadoras como eje de la transformación social y sindical abonará, también, al diseño de mecanismos y políticas públicas y laborales para erradicar la discriminación, todas las formas de violencias y las brechas salariales, educativas y aquellas que impidan el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Lograr prácticas igualitarias e inclusivas para las trabajadoras es reconocer sus demandas relacionadas por su condición de género, hacer visible sus aportaciones y esfuerzos, entender sus necesidades personales, de trabajo, familiares y traducirlas en cláusulas para negociarlas en los contratos o en leyes que les permitan realizar sus expectativas como trabajadoras y mujeres plenas.
Hay tareas pendientes que las trabajadoras tienen que abordar, como la armonización del Convenio 190 que plantea erradicar las violencias tanto en los contratos colectivos como en la Ley Federal del Trabajo y la inspección del trabajo. Aspectos necesarios para avanzar en la igualdad de trato y oportunidades laborales.
Es necesario cumplir con la representación proporcional de las trabajadoras. Ésta debe ser real en la estructura ejecutiva de los sindicatos para que no se simule más la representación de género. Hasta ahora lo único que han hecho es legitimar sus contratos y después abandonan la obligación establecida en la ley de promover la participación democrática de las trabajadoras.
La transformación del mundo laboral es muy grande y los plazos dependerán de nuestra organización y fuerza. En la agenda también debe considerarse a las trabajadoras de otros sectores precarizados y sin organización sindical. Es necesario extender la acción política y crear alianzas que nos permitan incidir en las condiciones laborales, en los procesos de trabajo y en las innovaciones tecnológicas.
Los retos están puestos, nuestra capacidad transformadora también.
Rosario Ortiz Magallón
Integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas
